CASTELLÓ. Un nuevo macroproyecto de renovables busca implantarse en la provincia de Castellón. El Gobierno ha dado luz verde a la declaración de impacto ambiental (DIA) para una gran planta solar proyectada por la compañía de renovables sevillana DVP Solar. Una iniciativa que recibe el nombre de Río Seco y que prevé implantarse en tres zonas del término municipal de l'Alcora, con el visto bueno también del Ayuntamiento de la localidad.
Este lunes, el Boletín Oficial del Estado (BOE) hizo pública la resolución del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, mediante la cual se otorga la declaración de impacto ambiental, acompañada de 40 condicionantes de carácter medioambiental, y se permite a la iniciativa continuar con el proceso administrativo.
Es, por tanto, el primer paso de un procedimiento en el que todavía falta que la empresa promotora reciba la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción, ambas dependientes del Ministerio. A ellas le deben acompañar las licencias de construcción municipales para poder iniciar las obras.
La iniciativa, como publicó el periódico Mediterráneo, prevé la ocupación de casi 216 hectáreas, donde ubicará los 88.320 módulos fotovoltaicos para la producción de energía, pero también una nueva subestación (SE Isal). Asimismo, proyecta una línea de alta tensión de 14,7 kilómetros, de los cuales la gran mayoría transcurriría en dos tramos aéreos de los términos municipales de Onda y Betxí para evacuar la energía en la subestación de este último municipio.
Se estima una duración de las obras de un año desde que se inicien los trabajos de construcción, y la vida útil de la central fotovoltaica está fijada en unos 40 años, según la iniciativa que se ha hecho pública y que está promovida por la compañía Maat Servicios Integrales, filial de la mercantil sevillana de marras.
En el documento expuesto por el Ministerio, se explica que la compañía ha elegido la alternativa más reducida de las dos que había planteado. Con ella "se ha recortado sensiblemente la potencia instalada", que en un principio era de 80 megavatios y finalmente será de 51 megavatios.
Así, se ha optado por "ubicar los módulos fotovoltaicos de manera preferente en los terrenos agrícolas e improductivos, minimizando en lo posible la ocupación de terrenos con vegetación natural y evitando las áreas con una pendiente máxima del 5%". Los módulos ocuparán 27,4 hectáreas del total. Hay que recordar que en noviembre de 2022, el Ministerio sacó a información pública el proyecto y no recibió alegaciones. De manera que se inició el trámite de evaluación de impacto ambiental que ahora ha concluído.
Entre los condicionantes fijados por el Ministerio, obliga a identificar los núcleos de población a menos de 100 metros de las actuaciones así como a realizar estudios de modelización de campos magnéticos para valorar el impacto sobre la salud de la población si hay viviendas cerca. También en lo relativo a la contaminación acústica. Sobre la calidad del aire, se deberá estudiar el impacto sobre el ozono en las zonas cercanas a la planta.
En cuanto a la flora, deberá hacerse una prospección previa para identificar especies protegidas, unas actuaciones que deberán hacerse "en épocas propicias", y en caso de detectarse alguna especie protegida, se deberá comunicar a la Generalitat Valenciana. Se evitará la tala de arbolado "en la medida de lo posible" así como las "podas abusivas" que pongan en peligro la pervivencia de árboles, y en cuanto al suelo, no se hará un desbroce general, sólo donde sea "estrictamente necesario" y "de manera justificada". Y cuando se haga, "se mantendrá el suelo retirado de manera adecuada para su posterior restauración".
Por otra parte, se deberán plantar semillas de especies herbáceas debajo de las placas solares, así como realizar medidas de conservación de suelos. Las obras se realizarán teniendo en cuenta los ciclos vitales de la fauna, y se utilizarán placas metálicas para evitar la colisión de aves. La empresa también deberá realizar "una compensación de al menos el 25% de la superficie afectada para poder reparar las pérdidas en la calidad del hábitat de las especies". Estas entre una cuarentena de condicionantes que ha fijado el Ministerio para llevar a cabo el proyecto que, cabe recordar, todavía tiene que obtener dos permisos más del Gobierno.
