VALÈNCIA. El abogado defensor del expresidente de la Generalitat Francisco Camps llegó este jueves a la cita para declaraciones del caso Gürtel que investiga el presunto amaño de un contrato de Fitur convencido de que lo dicho por directora general de promoción institucional, Dora Ibars, era el salvoconducto perfecto para su defendido. Sin embargo, y como era de prever, quien antaño fuera su amigo del alma sacó el fusil y disparó sin miramientos contra Camps.
De hecho, la carta enviada a la magistrada del juzgado de Instrucción 17 de València, que instruye la causa por los presuntos amaños de los contratos de la F1, y en la que se señalaba a Camps como epicentro, quedó en un cuento para niños al lado de la declaración de Álvaro Pérez, 'El Bigotes'.
Con frases tan lapidarias como: “Camps era quien decidía las adjudicaciones. En València no se movía un euro sin que lo autorizara Francisco Camps" comenzó una declaración que, a falta de la replica del expresidentes este viernes deja a Camps en una situación judicialmente peligrosa.
Durante más de tres horas, el ‘amiguito del alma’ afirmó que la relación entre Camps y la trama corrupta se inició con unos actos a lo ‘yanki’ que generaron unas deudas que el Molt Honoratble fue acumulando a lo largo de los años y que llegaron a los 600.000 euros en 2008. Y fue en ese momento en el que un nombre propio entró a formar parte de la declaración. Según Pérez, el exconseller y actual eurodiputado Esteban González Pons fue la primera persona que le regaló un ‘ contrato a dedo’. Aquel contrato era una guía que todos los medios de comunicación valencianos tienen en su haber pues se regaló en un usb. Era la Guía de Comunicación.
Para supuestamente poder amañar aquel contrato, se decidió, según Pérez, fraccionarlo en ocho facturas de 12.000 euros, ya que el precio real del mismo fueron casi 89.000 euros. Según la explicación de Álvaro Pérez, las personas que decidieron hacer ese fraccionamiento fueron la directora de promoción Institucional de la Generalitat Dora Ibars, (defensora de Camps en la causa) y González Pons. Pero como siempre ocurre con la corrupción valenciana, las dádivas no son a cambio de nada y El Bigotes dijo que el contrato venía supeditado a la contratación de otro "íntimo amigo de Camps".
Ese amigo era, afirmó, el periodista Ignacio Blanch, que fue testigo en el juicio de Fitur, donde llegó a decir que se automarginó porque "vio troceo de facturas". Pero según la versión de Pérez, Blanch volvió a Presidencia de la Generalitat aunque "su salario lo seguía pagando Orange Market".
Entre las novedades que Álvaro Pérez explicó al magistrado del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, estuvo el supuesto ‘chanchullo’ con la organización del Open de Tenis que se celebraba en València. Pérez declaró que pese a tener que partirse los contratos con el tenista Juan Carlos Ferrero, Camps se lo dio. Uno de los chascarrillos de la declaración fue la explicación sobre este contrato, ya que aseveró que el expresidente le dijo, vestido de chándal y durante un partido de padel, que le adjudicaría el Open de Tenis.
Pérez Alonso fue muy exhaustivo y detallista en su relato ante el juez sobre los hoteles, los restaurantes y otros lugares en los que se reunía con las personas del PPCV para llevar adelante los “supuestos chanchullos” que actualmente mantienen en el banquillo a más de un exdirigente popular.
A la declaración de Pérez se sumó este jueves la de Mónica Magariños, apodereada y directiva de Orange Market, quien además de ratificar lo explicado previamente por 'El Bigotes', le dijo al magistrado De la Mata que acompañó a su jefe a la farmacia que la mujer de Camps tiene en la plaza del Ayuntamiento para “solventar” ciertos temas del Open de Tenis.
Este viernes, esta citado a declarar Francisco Camps, pero antes de que él preste declaración está citada Isabel Jordán, otra trabajadora de Orange Market que ha pedido declarar de forma voluntaria y cuya declaración, al igual que la de Magariños, se prevé ‘incendiaria’ pues avalará lo dicho por Pérez.
La Audiencia Nacional no ve ningún delito en la actuación del expresidente de la Generalitat respecto a las adjudicaciones y contrataciones con la trama; la sentencia absuelve a Alicia de Miguel, Manuel Cervera, Luis Rosado y David Serra, aunque condena a varios cargos del Consell