CASTELLÓ. Hasta 21 naves industriales han salido a la venta en el polígono Ramonet de Almassora. Una 'macrosubasta' de instalaciones industriales pertenecientes a una compañía inmobiliaria que adeuda más de 10 millones de euros a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). Ahora esta busca cobrárselos mediante la subasta judicial de los mencionados inmuebles.
La subasta judicial en vía de apremio, tutelada por el juzgado de primera instancia número 3 de Castellón, consta de un total de 21 lotes, uno por cada nave que se encuentra a la venta. Abierto este mismo martes, el proceso se prolongará tres semanas hasta el próximo 9 de octubre. En ese período, los interesados podrán pujar por cada uno de los lotes de manera independiente.
Las diferentes naves industriales tienen una superficie útil que va desde los 400 metros cuadrados aproximadamente hasta los 1.300 y están diseminadas por el mencionado polígono industrial de Almassora, enclavado entre los dos ramales de la N-340 y la CS-22, al oeste del núcleo municipal.
Así, los inmuebles están valorados en una horquilla de entre unos 200.000 y unos 550.000 euros cada uno, dependiendo de su tamaño, sus accesos y su ubicación. Precios iniciales de la puja que podrán ser superiores conforme se reciban ofertas.
La compañía propietaria de los diferentes complejos industriales es la mercantil local Promociones Marco Comins, creada en 1994 para la "promoción y construcción de toda clase de edificaciones" así como actividades complementarias a esta. La deuda con la Sareb procede de una serie de hipotecas firmadas a principios de siglo con la Caixa d'Estalvis del Penedés.
Según las últimas cuentas publicadas de la firma, correspondientes al año 2011, tenía una deuda con entidades bancarias por préstamos de más de 12,1 millones de euros, de las cuales más de 6,2 millones correspondían a la mencionada caja de ahorros.
La deuda acabó en manos de la Sareb y actualmente asciende a más de 7,7 millones de euros, tal como figura en el procedimiento de ejecución hipotecaria que sigue el juzgado de primera instancia. A ellos, se les suman otros más de 2,3 millones de euros en conceptos de intereses y costas. Con la enajenación de los 21 inmuebles, la Sareb espera cobrar el pasivo.
Según las normas que rigen la subasta judicial, si con la adjudicación de algunos lotes se puede cubrir la cantidad adeudada, el juzgado deberá elegir cuáles serán los inmuebles enajenados "teniendo en cuenta el menor perjuicio que se cause al demandado".
En el caso de que las ofertas no superen el 50% del valor de subasta y no se llegue a cubrir la deuda, el juez deberá resolver "a la vista de las circunstancias del caso" y atendiendo a "la conducta del deudor" sobre el pago de la obligación y la posibilidad de saldar la deuda con otros bienes. En ese caso, el acreedor -la Sareb- podrá quedarse con los inmuebles por la mitad del valor de tasación.
También se contempla la posibilidad de que no haya postores: en tal circunstancia, la Sareb también podrá solicitar la adjudicación de los bienes por la mitad de su valor o por la cuantía que se le adeuda.