CASTELLÓ. El código de buen gobierno amenaza con enturbiar todavía más las relaciones entre el ejecutivo local y la oposición en el Ayuntamiento de Castelló. La negativa de Ciudadanos a que su nueva concejala, Mari Cielo Leiros, suscriba el régimen interno genera una situación de estrés jurídico y político, que la alcaldesa, la socialista Amparo Marco, califica de "asunto grave" con imprevisibles consecuencias.
Ninguno de los 12 ediles del PP, Cs y Vox se adhirió en diciembre de 2019 al documento ético, que salió adelante gracias a los 15 regidores del Acord de Fadrell (PSPV, Compromís y Podem-EUPV). Además de justificarse en la falta de negociación, sin consenso alguno, los concejales afearon al tripartito la tibieza del nuevo reglamento ético, que ni siquiera aborda los casos de corrupción.
Ahora, la sustituta de Alejandro Marín-Buck, a instancias de la dirección de su partido, tampoco se suma al ordenamiento, lo que pone de manifiesto que aquella rúbrica de los munícipes de la oposición acabó en el olvido. Según argumenta Marco, por culpa de la alternación que conllevó la "pandemia". Una situación que la primera munícipe considera un tanto irregular, toda vez que "la propia aprobación por mayoría obliga a que lo firmes", explica.
La alcaldesa avisa que la postura de la oposición en este tema crea un escenario insólito. "La no firma nos aboca a otras muchas cuestiones que deben valorarse en la próxima junta de portavoces. Si a partir de ahora los acuerdos del pleno no se cumplen o uno hace lo quieres, entonces estaremos hablando de otro contexto", advierte.
Marco se refiere a que "si el cumplimiento es voluntario, lo que aprobemos no tendrá ningún valor, será papel mojado y vaciaremos de contenido el pleno del Ayuntamiento". Ante esta situación, con derivaciones "en su vertiente jurídica", precisa, "todos debemos reflexionar", agrega.
Algún partido ya ha planteado incluso una revisión del régimen interno. Eso sí, siempre y cuando se constituya una mesa de negociación, de manera que la decisión final surja de la aquiescencia, a diferencia de lo que ocurrió hace casi dos años, cuando el Fadrell validó en solitario la adhesión al texto de la Federación Española de Municipios y Provinciales (FEMP).
En las sucesivas semanas, los grupos que integran la corporación tratarán el código ético en una junta de portavoces, previsiblemente, de carácter extraordinario. En la última, celebrada el pasado 22 de octubre, el debate ocupó más de una hora, con momentos de tensión por los distantes planteamientos. Esto fuerza a dedicar una sesión completa a hablar del asunto.