CASTELLÓ. El presidente de la Diputación, José Martí, ha destacado la "intensa actividad" desarrollada por la institución para hacer frente a la crisis generada por la COVID-19 durante los dos meses transcurridos desde la declaración del Estado de Alarma. "Un trabajo muy eficaz y satisfactorio que ha sido posible por la implicación y profesionalidad de las trabajadoras y los trabajadores de la casa, con el que se ha puesto de manifiesto que la maquinaria de la Diputación está perfectamente engrasada incluso cuando el 90% de la plantilla se encuentra en situación de teletrabajo".
"Desde el minuto cero nuestra gran preocupación ha sido la adopción de medidas que ayuden a los ayuntamientos a disponer de mayor liquidez para que puedan ofrecer el mejor servicio posible a la población vulnerable de sus municipios". Por ello, se van a movilizar cerca de 23 millones de euros a través de los adelantos de tesorería, las aportaciones al Fondo de Cooperación Municipal de la Comunitat Valenciana y la agilización de los plazos administrativos del Plan 135.
"Es un esfuerzo importante pero insuficiente", razón por la que el presidente Martí está manteniendo reuniones a todos los niveles "para tejer alianzas que permitan alcanzar una moratoria de dos años de los planes económicos y financieros que constriñen la gestión de los ayuntamientos y las diputaciones, y la liberación de los supéravits y los remanentes" que estos momentos están bloqueados por la legislación vigente. Se refiere al acuerdo unánime alcanzado con todos los grupos representados en la Diputación de Castellón y a los contactos que ha mantenido con el presidente de la Generalitat Valenciana, otras diputaciones, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y la Federación Española de Municipios y Provincias.
La necesidad de liquidez de los ayuntamientos ha sido uno de los asuntos abordados en las 9 reuniones de la mesa del diálogo para la reconstrucción económica y social que se ha constituido en la Diputación con el consenso de los cuatro grupos políticos representados en la institución. Se trata de un foro al que han sido invitados las alcaldesas y los alcaldes de la provincia y los distintos agentes sociales para consensuar medidas que ayuden a la reactivación económica de la provincia.
Es importante destacar que el presidente Martí y todo su equipo de gobierno trabajan en estos momentos en la reestructuración del presupuesto de la Diputación para 2020 para crear un fondo de lucha contra la COVID-19 "porque la realidad impuesta por la pandemia ha hecho que nuestras cuentas públicas queden totalmente desfasadas". En este sentido, señala que "dada la magnitud de la crisis económica, laboral y social que nos envuelve, tenemos la obligación de saber estar a la altura de las circunstancias porque somos conscientes de que hay muchas familias en situación límite y de que los servicios sociales de los ayuntamientos están desbordados por el aluvión de solicitudes de ayuda que están recibiendo".
José Martí insiste en que "las personas son lo más importe", razón por la que se ha agilizado la convocatoria de ayudas de más de 1,5 millones de euros del Área de Bienestar Social que dirige la vicepresidenta, Patricia Puerta, para ayuntamientos y entidades sociales, con el objetivo de garantizar la continuidad unidades de respiro, escoles matineres y otros programas, sin que se produzcan pérdidas de puestos de trabajo. En este sentido, el presidente destaca que «tan decisivo es ayudar a quien está en el paro como contribuir a que no se pierdan empleos».
También se ha activado el Plan Responde de Cruz Roja al que la Diputación destina 120.000 euros para que las personas vulnerables que residen en municipios de menos de 6.000 habitantes reciban kits básicos semanales de alimentos y aseo.
La crisis del coronavirus ha motivado un cambio en las bases del Plan de Empleo para los ayuntamientos, un programa que reaparece en 2020 después de que fuera suprimido en 2019 y que está dotado con 850.000 euros. En un principio estaba diseñado para que se pudiera contratar a personas desempleadas en verano durante al menos tres meses y ahora se permite ampliar la fecha tope de vencimiento de los contratos hasta el 31 de octubre de 2020.
Aunque la Diputación carece de competencias en materia de Sanidad, desde el primer momento de la crisis ha ido adoptando medidas de apoyo a los ayuntamientos para que puedan transitar mejor por la emergencia. Por este motivo, se han destinado más de 200.000 euros al reparto gratuito de material de protección para los operarios que realizan trabajos esenciales en los 135 municipios y las 8 mancomunidades de la provincia. Además, la institución ha coordinado una operación internacional que ha hecho posible que los ayuntamientos de la provincia hayan comprado 370.000 mascarillas homologadas en un momento de escasez y fuertes tensiones en los mercados. Un material que en apenas 48 horas fue distribuido a todas y cada una las localidades de la provincia por personal dependiente de la Diputación adscrito al parque móvil, Protección Civil y las brigadas forestales.
Los voluntarios de Protección Civil también se han encargado de servir a domicilio a los enfermos oncológicos de la provincia sus medicinas para evitar el desplazamiento al Hospital Provincial, por tratarse de personas de riesgo. También han llevado medicamentos y alimentos a las personas mayores o que en algún momento tuvieron que estar aisladas y han colaborado con los repartos de víveres del Banco de Alimentos.
Por último, desde la institución han querido hacer mención especial a los bomberos del Consorcio Provincial, que desde el primer momento de la crisis han realizado "una intensa labor" de desinfección por toda la geografía provincial. Desde que se declaró el Estado de Alarma han efectuado 316 operaciones de desinfección, que “sin duda, han contribuido a reducir riesgos y dar seguridad a la población”.
