CASTELLÓ. El equipo de gobierno de la Diputación que encabeza José Martí y los representantes sindicales han acordado en la reunión de la Junta de Personal celebrada este jueves retomar a partir de septiembre las reuniones de la mesa de trabajo para la implementación de la carrera profesional con las máximas garantías jurídicas posibles. La carrera profesional en el ámbito de la función pública es un concepto retributivo que contempla de forma ordenada el conjunto de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso laboral conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad.
çTal como ha señalado Martí, el objetivo es que no vuelva a ocurrir lo que sucedió con el proceso desarrollado en la anterior legislatura cuando un juzgado anuló el acuerdo plenario de aprobación de una partida de 500.000 euros para la instauración de un complemento de carrera profesional. Una sentencia que se produjo en octubre de 2019 por tratarse de un acuerdo que contravenía lo establecido en la Ley 6/2018 de Presupuestos Generales del Estado, que contemplaba que las retribuciones no podían experimentar un incremento superior al 2,25%.
El presidente Martí ha explicado que "dados los precedentes, no queda más remedio que hacer las cosas bien", razón por la que en la mesa de trabajo que retomará la sesiones a partir de septiembre "participarán los servicios técnicos de la Diputación" para que "durante el proceso negociador se tenga acceso a toda la información e informes necesarios que eviten que una hipotética nueva anulación judicial". Al respecto ha añadido que "estamos claramente a favor de que los trabajadores públicos desarrollen una carrera en su puesto de trabajo, ya que entendemos que es un elemento motivador y un incentivo importante, pero hemos de tener claro que existen unos límites legales a la hora de incrementar la masa salarial de las instituciones".
Por su parte, el diputado de Recursos Humanos, Santiago Agustí, ha informado de que en la Junta de Personal de hoy también se ha abordado la firma del pliego técnico para la adjudicación a una empresa externa de la realización de un diagnóstico sobre la actual Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Diputación que analice la situación de los 600 trabajadores y trabajadoras. El estudio, que "será exhaustivo y complejo, y se dilatará en el tiempo", determinará las necesidades y carencias de cada puesto en relación con el salario. Se trata de una medida con la que se pretende "sentar las bases de la estructura de la nueva Diputación desde el punto de vista de los recursos humanos, apostando por criterios de eficiencia y racionalización".
Agustí también se ha referido a la valoración positiva efectuada por los representantes sindicales de la presencia del presidente de la Diputación en la Junta de Personal, que según han señalado, "no era lo habitual con otros equipos de gobierno".
El diputado ha finalizado destacando la apuesta inequívoca "por la transparencia y la existencia de la máxima información posible en el área de recursos humanos".
