Más de mil recursos enredan la estabilización de los interinos de la Conselleria de Sanidad

VALÈNCIA. Los recursos mantienen el enredo en la Oferta Pública de Empleo (OPE) de la Conselleria de Sanidad para cubrir más de 9.000 plazas (8.950 estatutarias y 221 puestos funcionariales) con el objetivo de reducir la temporalidad al 8%. Los recursos planteados después de que el pasado diciembre el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicara el baremo definitivo de la OPE han generado una situación que algunas fuentes sindicales creen que podría resolverse en el Tribunal Supremo. 

Este proceso excepcional de estabilización de personal por parte de la Conselleria de Sanidad tiene por objetivo una reducción masiva de la temporalidad por concurso de méritos. De esta forma, la experiencia cuenta un 70% de la puntuación total, por el 30% que puntúa la formación del profesional que se presenta a esta oferta de empleo. Los criterios, eso sí, excluyen la experiencia profesional en hospitales privados y en régimen de concesión administrativa, lo que afecta a un total de 2.600 profesionales. Además, existen cambios en criterios generales de la OPE que "cambian las reglas del juego", consideran desde CCOO. 

Además, algunos profesionales lamentan que la experiencia en otras comunidades autónomas contabilice menos que la obtenida en la Comunitat Valenciana. Desde CCOO apuntan a que los cambios de criterios de esta OPE han generado "mucha disconformidad", así como "agravios comparativos" entre el personal afectado. Esta situación ha provocado el rechazo por una buena parte de sanitarios, que han visto reducidas sus opciones de obtener una de estas plazas. 

En total, más de un millar de recursos han llegado al TSJCV en los últimos meses por distintos motivos, lo que desde CCOO considera que "desluce un proceso histórico, que es una gran oportunidad para reducir la tasa de temporalidad". A pesar de ello, recuerdan: "Ya lo habíamos advertido. Sabíamos que se iban a producir estos recursos", debido a la diferencia de criterios con respecto a los habituales de una OPE de estas características. De esta forma, para el sindicato se "pone en riesgo de manera innecesaria" un proceso de estabilización de personal "que pretende bajar la temporalidad del 40% al 8%", apuntan fuentes de CCOO. 

Desde UGT-PV explican que "pocas" personas del sindicato han recurrido al baremo debido a que han realizado "casos tipo". De esta forma, solamente se han planteado dos recursos centrados en dos cuestiones clave "para evitar que los afiliados gastasen dinero en el proceso". Por un lado, se ha reclamado que se cuente como experiencia lo trabajado en las concesiones administrativas; y por otro lado, se ha pedido que se eliminen los topes en la puntuación de la experiencia para que se "contabilice todo el tiempo trabajado". 

Los topes en la puntuación de la experiencia limitan a 14 puntos la experiencia máxima que un profesional puede contabilizar en la OPE, de forma que a algunos profesionales no les puntúa toda su experiencia laboral a la hora de concursar a una plaza.  Entre otros criterios también se encuentra la cuestión lingüística, de manera que un C2 en valenciano cuenta los mismos puntos (15) que una tesis doctoral. Las fuentes sindicales consultadas no señalan que haya existido controversia en esta cuestión. 

Desde CCOO remarcan que el baremo de esta OPE "no se ajusta totalmente con la normativa básica y por lo tanto obligatoria de aplicación", y apuntan a que esto genera una "situación de inestabilidad" que se resolverá en los tribunales. En todo caso, no se atreven a vaticinar cuál será la decisión judicial, ya que puede ser que se considere "la excepcionalidad de la norma" como motivo suficiente para admitir el cambio en los criterios acordado para la OPE en cuestión. 

En todo caso, apuntan a que esta situación se vive en la mayoría de comunidades autónomas, pues el proceso de estabilización de personal se produce en todo el Estado. Los procesos los gestiona cada comunidad autónoma, pero aseguran que los criterios establecidos emanan de un acuerdo general del Consejo Interterritorial de Salud que "contiene estos los elementos de inseguridad jurídica". Por ello, vaticinan que el enredo se alargará hasta que llegue al Tribunal Supremo, y éste se pronuncie al respecto.