VALÈNCIA. La manera en la que la Generalitat va a encajar los Presupuestos de 2024 es uno de los grandes interrogantes de estos primeros meses de gestión del Gobierno compartido por el PP y Vox. Se trata de la ley más importante del año y en este momento todas las consellerias se encuentran estudiando de qué forma ajustar sus respectivas partidas. El mayor problema –realmente se trata del habitual, pero este año se complica– es cuadrar los ingresos y los gastos.
La consellera de Hacienda, Ruth Merino, ha asegurado hasta el momento que no habrá partidas ficticias de ingresos. Sin embarto, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, abría la puerta este domingo a que haya una partida de 900 millones que el Consell reivindicará ante el Gobierno central, como ya hizo Ximo Puig, pero que el Ejecutivo de Sánchez nunca ha contemplado.
Durante las dos últimas legislaturas, los partidos del Botànic –PSPV, Compromís y Unides Podem– han incluido las llamadas "partidas reivindicativas". La principal consistía en los 1.336 millones para compensar la infrafinanciación autonómica por el retraso en la reforma del sistema. A ellos se añadieron en otras ocasiones –como sucedió en 2022– 1.000 millones de euros en ingresos no garantizados basados en los fondos extraordinarios del Estado para paliar la crisis de la covid, que se habían transferido en 2020 y 2021 pero que el Gobierno anunció que no llegarían en 2022. Y que no llegaron.
En 2023, aunque estos fondos extraordinarios ya no figuraban en el presupuesto, el Consell acabó incluyendo 800 millones por una deuda que le reclama al Gobierno central por la atención sanitaria a pacientes desplazados, el conocido como Fondo de Garantía Asistencial (Foga), que está pendiente de pago desde hace años. No obstante, el Gobierno de Sánchez solo reconoce una deuda de 80 millones, una décima parte de lo que reclamaba Ximo Puig.
El Botànic incrementó progresivamente esta partida en sus Presupuestos. En 2018 la cuantificó en 253 millones y, posteriormente, a partir de 2019, llegó hasta los 644 millones porque sumó lo que calificó como "Foga histórico". En las cuentas de 2023 se incrementó todavía más y llegó hasta los 800 millones.
Ni los 1.336 millones ni los 800 han figurado hasta la fecha en los Presupuestos Generales del Estado porque el Gobierno central no tiene ninguna intención de transferirlos, de manera que se trata de ingresos no previstos ni, mucho menos, asegurados. El gobierno del Botànic lo enmarcaba todo en partidas "reivindicativas", que la derecha ha criticado desde la oposición a lo largo de los últimos ocho años por tratarse de dinero que nunca acaba llegando y que sirve, en primer lugar, para cuadrar el presupuesto sin reducir gastos y, después, para elevar el gasto hasta alcanzar un déficit que ni un sistema de financiación autonómica justo habría arreglado.
En sus declaraciones más recientes, Mazón, sin embargo, sí parece hacer una distinción que deja ver la voluntad de incluir una parte de esos ingresos ficticios. En una entrevista este domingo en los medios del grupo Prensa Ibérica, el jefe del Consell señala que hay que diferenciar "entre la reivindicación y lo ficticio". "Tenemos que reivindicar que tenemos un problema de más de 900 millones de euros con los desplazados sanitarios. En los presupuestos habrá una partida reivindicativa porque ha de ser así, con posibilidades ciertas de cobro. Lo que no va a haber es aquello sobre lo que no tengamos posibilidades ciertas de cobro en todo el año que viene", afirmó.
Mazón ya deja claro con ello que su Gobierno sí podría volver a incluir ingresos no asegurados, aunque se trate del Foga y no de la partida de la infrafinanciación. Una fórmula por la que el Consell optaría para evitar unos presupuestos de recortes ante la dificultad de encajarlos, y aunque ello le suponga una contradicción absoluta con el discurso público que ha mantenido hasta la fecha.
El siguiente paso será comprobar otro tipo de previsiones, ya que una de las medidas más recientes del presidente de la Generalitat ha sido la de la bajada de algunos impuestos o nuevas deducciones fiscales. Así, la elaboración de los Presupuestos de 2024 trae consigo diversos condicionantes, como que el Ministerio de Hacienda –del Gobierno central en funciones– no ha comunicado todavía el importe de las entregas a cuenta de 2024 (es decir, los miles de millones de euros procedentes del sistema de financiación dirigidos a cubrir las necesidades de gasto). El Ejecutivo autonómico tendrá que incluir, por tanto, estimaciones.
A ello se suma que el objetivo de déficit para las Comunidades Autónomas marcado por el Gobierno para 2024 es del 0%, frente al 0,3% fijado para este año. Al margen de que para la Comunitat Valenciana sea imposible cumplir ese objetivo con el actual sistema de financiación –el déficit en 2022 fue del 3,11% del PIB–, lo que sí tiene obligación el Consell es de presentar unos presupuestos sin déficit. Es decir, donde los gastos no superen en un céntimo los ingresos.
El Ejecutivo autonómico llega a un acuerdo con el central por el artículo que todavía permitía los contratos por obra y servicio, que chocaba con la reforma laboral