VALÈNCIA. La nueva estructura de la Generalitat aprobada a lo largo de las últimas semanas ha dejado el dibujo –definitivo por el momento– de la distribución completa de competencias por Consellerias. Entre ellas las de Memoria Democrática, que pasan a ubicarse en su totalidad bajo el paraguas de Presidencia con los numerosos proyectos pendientes que dejó el Gobierno del Botànic en un área dirigida por Rosa Pérez (Esquerra Unida). Aunque ya se hizo público en decretos anteriores que esta materia se la quedaba el departamento de Carlos Mazón, el último detalle se conoció este lunes con la publicación del reglamento orgánico y funcional (conocido como ROF).
El decreto establece, básicamente, que la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática que se ha suprimido por el Ejecutivo conformado por el PP y Vox se vuelca al completo en Presidencia. Todas las competencias dependerán a partir de ahora del secretario autonómico de Relaciones Institucionales y Transparencia, Santiago Lumbreras. Se trata de una persona de la máxima confianza de Mazón y de su área colgarán, entre otras direcciones generales, la de Transparencia y Participación.
Este departamento será el que aglutine la "programación, gestión y coordinación de las políticas del Consell en materia de la memoria democrática y de fomento del autogobierno". Algo que supone, en la práctica, que Presidencia habrá de decidir sobre todos los proyectos pendientes que dejó el anterior Ejecutivo autonómico del tripartito, algunos de los cuales se encontraban ya bastante encarrillados.
Se trata, por ejemplo, de cientos de exhumaciones en Castelló, Alicante y Paterna (Valencia). Horas antes de dejar el Consell, Rosa Pérez firmó la adjudicación de 421 excavaciones de fosas como una manera de blindarlas. Algo que ahora tendrá que asumir el nuevo Gobierno.
Igualmente, habrá de abordar otras cuestiones como el desarrollo del Instituto Valenciano de la Memoria Democrática (IVMD) en Alicante o el memorial de Paterna, para el que hay presupuestado un millón de euros.
Por tanto, la llegada del PP y Vox al Consell ha supuesto pasar a tratar la Memoria Democrática desde una dirección general y no desde una Conselleria, pero no la desaparición como materia a tratar desde el Ejecutivo. Por contra, en Aragón, donde el nuevo Gobierno autonómico está formado por estas mismas formaciones, se ha apostado por derogar La ley de Memoria Democrática.
La dirección general responsable de todo ello estará encabezada por José Tárrega, un fichaje de la alcaldesa de València, María José Catalá, para su lista al Ayuntamiento en las pasadas elecciones. Éste ha ganado relevancia social en los últimos años en la ciudad por su actividad como presidente de la Asociación de Vecinos de Penyaroja. Durante su mandato, la entidad tuvo un papel muy activo de manera crítica con el Ayuntamiento, en ese momento liderado por Joan Ribó (Compromís), en cuestiones como el edificio de Tabacalera.
El pasado mes de abril fue incorporado por Catalá para ocupar un puesto en su lista, aunque era improbable que obtuviera acta de concejal al ir en el número 17 –el PP cuenta con 13 ediles–. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia (2011), cuenta con un Postgrado de Derecho Civil Valenciano (2014) y con un Máster de Derecho Constitucional (2017). Es Técnico de Administración General del Servicio de Actividades del Ayuntamiento de València y anteriormente estuvo vinculado a la Diputación de Valencia como abogado de Personal y técnico superior de Proyectos Europeos.
Su perfil encajaba especialmente en las competencias de Participación –e incluso se encuentra vinculado al Derecho Civil Valenciano–, aunque ahora llevará también las de Transparencia y Memoria Democrática. En la gestión de Presidencia recaerá, igualmente, la Comisión Interdepartamental para la Recuperación de la Memoria Democrática y el Instituto Valenciano de la Memoria Democrática, los Derechos Humanos y las Libertades Públicas.
La dirección general de Tárrega será también la responsable de las competencias relacionadas con una de las leyes que más dolores de cabeza ha dado al PSPV durante el Consell compartido con Compromís: la Ley de Incompatibilidades y Conflictos de Intereses de Personas con Cargos Públicos no Electos. Impulsada por la coalición y aprobada en la primera legislatura del Botànic, la pretensión principal era evitar las puertas giratorias de los cargos públicos. Sin embargo, se convirtió en una de las más polémicas y generó importantes tensiones con los socialistas, que opinaban que el nivel de restricciones de la norma alejaba a muchos perfiles profesionales de la Administración.
La ley llegó a dejar a media docena de cargos del Gobierno valenciano en la cuerda floja hasta que el Consell Jurídic Consultiu estableció que podían compaginar su puesto en el Ejecutivo con las concejalías de sus respectivos municipios. Posteriormente, la norma acabó por ser modificada en varios puntos y desde el PP nunca la vieron con buenos ojos, por lo que no sería de extrañar que fuera cambiada o, directamente, suprimida.
Otra de las leyes que ha traído cola es la de 'lobbies', que estará asimismo en Presidencia. Ésta obliga a los altos cargos y a los partidos en Les Corts a registrar las reuniones que mantienen con los grupos de interés.
En este departamento sí se ha eliminado la oficina para la recuperación de fondos robados en casos de corrupción durante los gobiernos del PP. Los socialistas denunciaron este lunes que llegaron a gestionar el retorno a las arcas públicas de más de 20 millones de euros de diferentes causas de este tipo. Los populares defendieron que el asunto ha pasado a depender en su integridad de la Abogacía de la Generalitat, "sin tintes políticos".
Este lunes también se publicaba el ROF de otras cinco consellerias, entre ellas Sanidad e Innovación,Industria, Comercio y Turismo. En el caso del departamento de Marciano Gómez, entre las cuestiones a destacar está la a Secretaría Autonómica de Planificación, Información y Transformación Digital, de la que dependerá la auditoría y el análisis para decidir sobre la nueva confección del sistema sanitario valenciano.) Dentro, la Dirección General de Información Sanitaria, Calidad y Evaluación y la dirección General de Investigación e Innovación.
Además, la subsecretaría liderada por Álvaro Cuadrado mantiene el control de las concesiones sanitarias desde la dirección general de Gestión Económica. En está, se realizará la contratación de servicios, suministros y obras, además del control de conciertos y concesiones, equipamiento tecnológico innovador y coordinación de proyectos europeos, entre otras cuestiones.
Mientras, en la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo liderada por Nuria Montes, se mantienen organismos clave en dicho departamentos como los institutos tecnológicos y el Ivace, además de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI), que sigue sin nadie al frente tras la marcha de Andrés García Reche. También Turisme Comunitat Valenciana, las sociedades gestoras de las ferias, la empresa pública de las ITV o Sociedad Proyectos Temáticos.