VALÈNCIA. Inesperadas o no, las posturas ya están definidas. Los grupos parlamentarios registraron este jueves en Les Corts sus enmiendas a la Ley de Trato Justo impulsada por Compromís. Una norma que contenía tres reivindicaciones principales: la reforma del sistema de financiación autonómica; la aprobación urgente, mientras tanto, de un fondo de nivelación –un mecanismo transitorio con el que se reparte dinero entre las comunidades peor financiadas para que puedan acercarse a la media del conjunto de territorios–, y la condonación de la parte de la deuda valenciana causada por la falta de financiación.
El Partido Popular de la Comunitat Valenciana ha aprovechado el trámite de enmiendas para registrar en Les Corts una proposición de ley orgánica para crear el Fondo de Nivelación que resuelva de forma transitoria la infrafinanciación hasta que se produzca la reforma del sistema que lleva caducado desde 2014.
En concreto, los populares han presentado una enmienda a la totalidad al texto de Compromís, que constaba de cinco artículos en total: el primero, obligaba al Gobierno a presentar un nuevo modelo de financiación en el plazo de seis meses. Transcurrido ese periodo, si no se hubiera cumplido con ello, proponía un nuevo modelo de financiación transitorio. Además, incorporaba la creación del mencionado fondo de nivelación y, por último, creaba un mecanismo de absorción de la deuda de la Comunitat mediante el cual la AIReF calcularía en el plazo máximo de seis meses los déficits de financiación sufridos desde 2001 y el Gobierno central, a posteriori, compensaría estos déficits.
El PP, en su lugar, propone llevar al Congreso un texto alternativo que borra cualquier mención a la deuda o a la reforma del modelo de financiación. Se centra exclusivamente en el fondo transitorio de nivelación para que pueda crearse de forma inmediata ya para 2025. Mediante una proposición de ley orgánica, que debería someterse a la aprobación del Congreso en caso de salir adelante en Les Corts, propone: "A lo largo de la vigencia del presente sistema [el aprobado en 2009], en la liquidación del modelo de financiación se incluirá una transferencia final de nivelación con el objetivo de que todas las Comunidades Autónomas alcancen como mínimo una financiación per cápita ajustada, incluyendo el importe de los fondos de convergencia y la transferencia final de nivelación y a competencias homogéneas, del 99% de la financiación media per cápita ajustada y a competencias homogénea del conjunto de comunidades de régimen común, incluyendo el importe de los fondos de convergencia y la transferencia final de nivelación".
En lenguaje más llano, significaría que el sistema incorporaría un fondo adicional destinado a las CCAA peor financiadas para que ninguna estuviera más de un punto -99%- por debajo de la media. Las principales beneficiarias serían la Comunitat Valenciana y Región de Murcia, que año tras año están entre siete y ocho puntos por debajo de la media. Una media que, cabe señalar, subiría al inyectarse más dinero en el sistema.
Una iniciativa que, por lo pronto, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, advirtió a última hora de este jueves que su grupo no apoyará. "Hoy Mazón -con esta propuesta- confirma que renuncia a un modelo de financiación justo y a que nos paguen más de 40.000 millones de euros que nos debe el Estado. En definitiva, ha dimitido como presidente de 5 millones de valencianos y se ha convertido un delegado del PP de Feijóo. Una vergüenza que desde Compromís no aceptaremos ni ahora ni nunca", aseveró el portavoz de la coalición.
En su grupo, consideran que su iniciativa era una propuesta de máximos que debería defender como president de la Generalitat. Y confiaban en ello -si bien miraban de reojo a Mazón- después de lo fructíferos que fueron los encuentros entre el jefe del Consell y el síndic de Compromís en junio, cuando se comprometió a pactar con los valencianistas una ley de financiación y llevarla al Congreso. Sin embargo, el escenario de entonces y el de ahora nada tienen que ver. Ni el nacional, ni el autonómico.
A nivel estatal el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, busca abrir comisiones bilaterales con todos los presidentes autonómicos para que puedan acceder a una fórmula de financiación similar a la que se ha abierto con Cataluña. En definitiva, debatir sobre la reforma del sistema de financiación, pero no buscan hacer lo mismo ni con una posible quita de la deuda ni tampoco centrarse en un fondo compensatorio transitorio.
En el PP, tampoco quieren debatir sobre reforma del modelo en encuentros bilaterales. Aceptar algo así supondría que el Ejecutivo pudiera mantener reuniones individuales con los diferentes presidentes autonómicos, con el consiguiente riesgo de división dentro de sus filas debido a que los 14 territorios en los que gobiernan poseen sus propias necesidades y particularidades que exigen ser satisfechas.
En un escenario en el que Génova solo quiere hablar de reforma del modelo de financiación en una Conferencia de Presidentes o en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y que no contempla la quita de la deuda -donde tampoco la posición es unánime dentro del partido-, pasar a discutir la proposición de ley de Compromís era arriesgado para el PP valenciano. La 'contraoferta' para poner en marcha cuanto antes un fondo de nivelación, sin embargo, era el camino menos problemático y a su vez suponía tomar partido en el asunto. Mazón ha hecho bandera del fondo de nivelación -que sabe que no le gusta al PSPV desde que Diana Morant lo lidera- y el pasado sábado logró que el Partido Popular lo incluyera en el documento sobre financiación que aprobaron Núñez Feijóo y todos los barones populares.
La viabilidad de la iniciativa del PP está por tanto en el aire, si bien ahora se abre un periodo de negociaciones entre todas las formaciones hasta que esta pase a debatirse en comisión y más tarde en pleno. Y lo cierto es que a pesar de que los valencianistas rechacen de entrada apoyar el texto, hasta que llegue ese momento puede pasar de todo.
El órdago del Partido Popular, ahora, pone en un brete a la coalición liderada por Baldoví, pues tendrá que decidir si apoya este fondo y que la proposición de ley orgánica pueda salir adelante y remitirse al Congreso para su debate. A priori y como ya han anunciado, lo rechazarán porque es una enmienda a la totalidad a su texto, el que ellos mismos proponen. O dicho de otra manera, sería como enmendarse a sí mismos. Sin embargo, también son sabedores de que su propuesta no cuenta con los apoyos necesarios para aprobarse, ni PSPV ni Vox la aceptan.
De hecho, los socialistas se desmarcaron de este proceso y no registraron enmiendas a la norma este jueves y se limitaron a emplazar a Mazón a "aprovechar la ventana de oportunidad" ofrecida por Sánchez para acudiar a "hablar y negociar" la mejora de la financiación. Mientras, los voxistas presentaron una enmienda a la totalidad porque no están de acuerdo con que existan "17 singularidades". Con este escenario, rechazar la iniciativa popular también es un dilema para Compromís, dado que supondría que todo se quedara como está.