Foto: ANTONIO PRADASCASTELLÓ. El hasta ahora presidente de la Audiencia Provincial de Castellón, José Manuel Marco, cerró este viernes una etapa al frente de la institución durante nueve años. A sus 72, el magistrado llega a su edad de jubilación y abandonará la próxima semana su cargo. Y en su despedida, aprovechó para hacer balance de sus dos mandatos, celebrando logros como la ampliación de competencias y la comarcalización del juzgado de Villarreal o las mejoras en las instalaciones, y lamentó la falta de medios en los juzgados y la necesidad de apertura de nuevos juzgados de violencia de género, entre otras cosas, además de pronunciarse sobre la ley 'solo sí es sí' y el bloqueo del Consejo del Poder Judicial.
Marco explicó que cumple la "edad máxima, prórroga incluida" y quiso despedirse de los medios de comunicación, a los que "agradeció tantos años de información de la justicia", y reconoció la dificultad de informar sobre el ámbito judicial y el "esfuerzo" realizado por los periodistas para "acercar, en la medida de lo posible, este mundo desconocido y críptico a veces al ciudadano".
En su balance, admitió que la presidencia de la Audiencia Provincial tiene "poquísimas competencias y poco dinero", y que entre sus méritos está "detectar dónde está la necesidad y ser muy pesado, cuanto más pesado mejor, hasta el aburrimiento y no desanimarse porque en algunos casos has de explicar lo obvio". Así, subrayó que "la responsabilidad de cubrir las necesidades ya no es de los jueces y del presidente de la Audiencia sino de quien tiene la competencia, la Generalitat Valenciana de los medios materiales y el Ministerio.
Con todo, sí admitió que en algunos casos, el mérito puede ser "más personal". Y aquí señaló cuestiones como la creación de unidad de mediación intrajudicial: "Fue un acto de voluntarismo casi sin medios y actualmente, la actividad de mediación tiene el aval y el respaldo meritorio de medios de la Generalitat Valenciana". "Lo que inicialmente era algo mas o menos clandestino se ha consolidado", celebró en este sentido, para continuar apuntando que la Audiencia de Castellón es la que más expedientes de mediación incoa de las tres de la Comunidad, con 79 mediadores de diferentes profesiones desde economistas hasta arquitectos o una filóloga, por ejemplo.
Además, señaló la ampliar la competencia del juzgado de violencia de genero de Villarreal a los partidos judiciales de Nules y Segorbe. Algo que se ha hecho, dijo, "venciendo unas pocas reticencias de instituciones o asociaciones, y haciendo una labor de difusión". Así, celebró que la comarcalización del juzgado de violencia de género fue "la primera de toda España". Aunque en el tintero ha quedado el incremento de plantillas y lamentó que "la situación de Vinarós es una situación anómala en cuestiones sobre violencia sobre la mujer, porque es un extenso partido judicial y no hay un juzgado especializado".
Al respecto, reclamó que se rebajen los módulos fijados para los juzgados de violencia contra la mujer, que ahora mismo es de 1.600 asuntos. "Vinaróz no llega ni de lejos y Castellón, donde están ahogados, tampoco", aseguró en ese sentido, y pidió minorar la cifra que marca el límite a partir del que se considera necesario un nuevo juzgado del ramo: "Ese criterio debería rebajarse, actualmente este tema no puede estar bien atendido en estas circunstancias".
A la postre, expuso, "el problema es económico y la distribución de las partidas económicas es una decisión política". De manera que lamentó que la administración judicial n"o es la niña de los ojos de ningún gobierno". "Es necesario pero los recursos son limitados y hay que distribuirlos, no siempre somos preferentes", subrayó en esa misma línea, para acabar explicando que los jueces están "acostumbrados a funcionar con pocos medios" y a mitigarlo con "esfuerzo, imaginación y riesgo"
Preguntado al respecto de la controversia generada por la ley 'solo sí es sí', aseguró que la normativa se redactó con "una mala técnica legislativa". En Castellón, se han solicitado en total hasta el momento 55 revisiones de pena, de las cuales finalmente se han minorado 31. Ha habido cinco excarcelaciones tempranas con motivo de estas revisiones, según datos oficiales. "Las revisiones hay que hacerlas, si una ley posterior otorga una pena inferior hay que rebajarla", señaló, diciendo al respecto que son "cuestiones básicas" del procedimiento judicial.
Así, ha asegurado que la normativa "seguramente" no buscaba esto, pero aseguró que "quienes no son culpables son los jueces ni el machismo de los jueces, que aplican la ley". Por lo que achacó la problemática a "un problema técnico" en la redacción de la nueva normativa.
El magistrado Carlos Domínguez asumirá de forma interina la Presidencia de la Audiencia Provincial de Castellón a partir del 9 de octubre, fecha en la que se jubila Marco. El propio Domínguez, que ya fuera presidente de la Audiencia de Castellón durante unos años, explicó esta semana a los medios de comunicación que ocupará la Presidencia de la Audiencia "por imperativo legal", ya que le corresponde al magistrado con mejor número de escalafón en la carrera.
Domínguez será presidente de la Audiencia de Castellón de forma interina hasta que se desbloquee el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y salga concurso la plaza para ver quién dirigirá la Audiencia de manera definitiva.
Al respecto, Marco consideró que es "una situación absolutamente anómala". "En su momento, fue escandaloso que, por los motivos de ahora, los consejeros prorrogaron su desempeño dos años y medio", expuso el magistrado en ese sentido: "Ahora en noviembre se duplicará el mandato. Me parece mal, es un incumplimiento de las previsiones constitucionales y legales y efectivamente está produciendo bloqueos. Con mi jubilación serán 85 cargos judiciales por designar", señaló.
