Foto: Daniel Mora/EPCASTELLÓ (EP). La tramitación de expedientes de instalaciones de energías renovables sigue avanzando en la provincia, pues ayer fue publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la admisión a trámite de la que será la segunda planta solar fotovoltaica en el término municipal de Castelló, impulsada por Mediterranean Sun Power (MSP), proyecto de Elektrosol y Enraiza.
Esta microplanta estará ubicada en la partida Bovalar y tendrá una potencia nominal de 2.150 kW. Un total de 3.450 módulos, de 650 W cada uno, cuya energía total producida será evacuada a la subestación eléctrica de Benadresa, atendiendo a las condiciones técnicas exigidas por la compañía distribuidora Iberdrola.
El hecho de estar el apoyo en el que se realizará la conexión ubicado en la propia parcela, junto con la proximidad a la que se encuentra la subestación, suponen una "enorme ventaja" al evitar nuevas líneas eléctricas de distribución y transporte, según ha informado Mediterranean Sun Power en un comunicado.
Desde que se presentara el correspondiente proyecto técnico hace un año en el Servicio Territorial de Industria y Energía, la compañía castellonense Elektrosol recibe hoy esta publicación con "optimismo" y confía en estar con ello más cerca del modelo energético perseguido: microplantas próximas a nodos de consumo, sin nuevos tendidos eléctricos y respetuosas con los valores territoriales del entorno.
Éste es precisamente el cometido de su nueva iniciativa empresarial: Mediterranean Sun Power, un proyecto innovador nacido de la unión de los dos grupos empresariales castellonenses Elektrosol y Enraiza.
Comprometidos con los objetivos europeos y valencianos de descarbonización en la producción de energía eléctrica, MSP plantea una red de microparques, integrados en el paisaje, que se adaptan a la estructura de las parcelas agrícolas y que aprovechan líneas existentes o subestaciones para no generar nuevos tendidos y lograr una mimetización máxima.
Esta solución permite recuperar terrenos agrícolas abandonados por sus propietarios, con la garantía de impacto cero tras su desmantelamiento y manteniendo durante la explotación los derechos de riego existentes, para no perjudicar la viabilidad económica de los huertos colindantes.
