Moncofa pide al Gobierno que autorice ampliar los chiringuitos para hacerlos viables frente al covid-19

CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Moncofa pide al Gobierno de España que autorice la ampliación automática de las ocupaciones de superficie de los chiringuitos de la playa del municipio para que su actividad hostelera sea viable de acuerdo a las exigencias sanitarias frente al covid-19. 

El consistorio ha remitido un escrito a la Dirección General de Costas del Ministerio de Transición Ecológica en el que argumenta la necesidad de que el ejecutivo tome medidas urgentes y excepcionales para dar respuesta a la grave crisis económica del sector turístico.

El alcalde de Moncofa, Wences Alós Valls, ha explicado que “las autorizaciones vigentes son del todo insuficientes y no se corresponden con la realidad de esta situación extraordinaria con importantes restricciones sanitarias. Pedimos al Gobierno, que es quien tiene competencia para hacerlo, que sea sensible con esta situación y tome medidas urgentes y excepcionales para responder a una situación excepcional”. 

En ese sentido, el Ayuntamiento ya se había puesto en contacto con la Dirección Territorial de Costas para hacerle esta misma petición, que le ha sido denegada con el argumento de no tener competencias para flexibilizar la normativa y adecuarla a la situación excepcional actual, según informa el consistorio en un comunicado. 

Es por ello que ahora el consistorio se ha dirigido a la Dirección General de Costas del Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de España para dar cuenta de la necesidad urgente de tomar decisiones relativas a los servicios de temporada en las playas de Moncofa para la ya en marcha campaña estival de 2020.

Es ahora, según ha explicado el alcalde “cuestión de que el Gobierno tenga voluntad de ayudar a nuestro sector turístico y haga posible que continúe esta actividad que es uno de los principales reclamos del turismo de Moncofa. Creemos razonable que se tomen medidas y normativas excepcionales que ayuden al sector a afrontar una situación excepcional como esta”. Una normativa urgente, que según Alós Valls, “ayudaría a reducir el actual estado de inseguridad que genera no saber si se van a poder llevar a cabo estos servicios en condiciones económicas sostenibles”.