Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. El pasado mes de junio, PP y Vox sellaron un acuerdo para configurar el nuevo gobierno de coalición de los próximos cuatro años. Un pacto en el que se repartieron las 10 carteras que lo integran y en el que consensuaron, además, no aplicar la fórmula del famoso 'mestizaje' que el Consell del Botànic empleó durante dos legislaturas.
Ni el Partido Popular de Carlos Mazón, ni tampoco el del vicepresidente Vicente Barrera eran partidarios de mezclar altos cargos de cada partido dentro de cada departamento del Ejecutivo autonómico. Por lo que las competencias que asumiría cada formación quedaron especialmente definidas: Vox se encargaría de Justicia, Cultura y Agricultura (pero sin Agua ni Medio Ambiente). Y el PPCV, todo lo demás: Hacienda, Economía, Administración Pública, Educación, Sanidad, Turismo, Industria...
Ahora bien, a pesar de esa pretendida división, lo cierto es que a día de hoy el mestizaje ha terminado imponiéndose de una manera u otra. Con el nuevo diseño de consellerias, existen competencias de un partido que se encuentran insertos en departamentos de los socios de gobierno. Un ejemplo es Administración Pública.
Con el ejecutivo de PSPV, Compromís y Unides Podem, Función Pública se encontraba en la misma cartera que Justicia y Emergencias. Unos servicios ubicados en la Torre 4 del Complejo Administrativo del 9 de Octubre (CA90). Sin embargo, ahora Función Pública forma parte de la Conselleria de Hacienda y Economía, bajo la gestión de la consellera del ramo a propuesta del PP, Ruth Merino.
En la actualidad, la Torre 4 es donde se ha ubicado la sede de la Conselleria de Justicia, gestionada por Vox con Elisa Núñez al frente, pero en ella siguen trabajando 150 funcionarios del departamento de Función Pública que ahora dirige el PP. Por lo que las circunstancias han provocado que se dé de alguna manera una suerte de mestizaje forzado.
La situación, de hecho, ha despertado cierta zozobra entre los funcionarios ante la posibilidad de que el nuevo Consell acabe trasladándolos a nuevas ubicaciones para fraccionar los departamentos como estaba previsto desde el inicio.
Una de las teorías que circulan en la Torre 4, de hecho, es que podrían trasladarles al Edificio Alameda, sito en la calle Antigua Senda de Senent y contiguo al Centro de Turismo. En él, de hecho, desde hace un año se encuentra el servicio de selección de Función Pública y el personal del Instituto Valenciano de Administración Pública (IVAP), también dependiente de esta área. La posibilidad de que fueran trasladados a Palau 4, donde se encuentra la sede de Hacienda, es inviable por la falta de espacio.
En la otra orilla, funcionarios de Justicia que hoy por hoy tienen su lugar de trabajo en el Sorolla Center, en la Avenida Cortes Valencianas, desconocen si el Consell podría acordar que vuelvan a la Torre 4 si los de Administración Pública fueran desplazados. En este caso, la cifra es algo inferior: se trataría de en torno a 80 personas.
El escenario que estos días viven Justicia y Administración Pública, sin embargo, no es exclusivo de las carteras que ahora gestionan Núñez y Merino. En la misma situación se encuentran Agricultura, Ganadería y Pesca, y la de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio. La primera en manos del conseller Vox José Luis Aguirre, mientras la segunda la ostenta la consellera popular Salomé Pradas.
En ambos casos, también los funcionarios se cuestionan estos días si deberán hacer mudanzas a lo largo de los próximos meses, o si por el contrario seguirán ejerciendo sus funciones en los espacios en los que se encuentran ahora mismo aunque no correspondan a los de sus consellerias.
En cualquier caso, para determinar cualquier tipo de decisión lo primero que deberá hacer el nuevo gobierno es estudiar la disponibilidad del espacio con el que cuenta. Un inventario de patrimonio con el que poder decidir si sus funcionarios deben realizar una mudanza o el mestizaje forzoso se impone en el Consell de PP y Vox.
