CASTELLÓ. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios CSIF ha presentado un escrito dirigido a la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, así como a los concejales delegados de las áreas de Recursos Humanos y Policía Local, y al Jefe de la Policía Local de Castelló, para solicitarles de manera urgente que “adopten las medidas necesarias” para evitar que prescriban las más de 1.200 propuestas de sanción tramitadas por los agentes de la Policía Local de la ciudad por inclumplir las medidas incluidas en el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declaraba el Estado de Alarma.
Desde el sindicato han explicado que “durante el inicio de la pandemia, la Policía Local de Castelló tuvo entre sus obligaciones el cumplir y hacer cumplir este Real Decreto y, en ese sentido, se vio obligada a formular propuestas de sanción por el presunto incumplimiento de algunas de las medidas que establecía, como no llevar mascarilla, celebrar reuniones en el ámbito público con más personas de las permitidas, consumir alcohol en la vía pública, o casos de establecimientos que se encontraban abiertos fuera del horario permitido”.
En ese sentido, desde CSIF han señalado que “existe un plazo de un año para que se complete la tramitación administrativa de estas sanciones por infringir las obligaciones o prohibiciones del Estado de Alarma y evitar así su prescripción”. Un plazo que, teniendo en cuenta la suspensión de cómputos por la pandemia, expiraría el 1 de junio de 2021.
“Dado que los plazos están a punto de expirar, pedimos al Ayuntamiento de Castelló que adopte las medidas necesarias para evitarlo, tanto en caso de que las denuncias sean de tramitación municipal como en caso de que se hayan remitido a otra administración competente”, han remarcado desde CSIF.
Al respecto, han recordado que “si permitimos que todas estas propuestas de sanción prescriban, tanto el trabajo que han realizado los agentes de la Policía Local de Castelló para garantizar el adecuado cumplimiento de las normas en la ciudad, como el respeto a las fuerzas de seguridad, a la dignidad del Estado y a su normativa podrían quedar en entredicho”.
