Mónica Oltra participa en la constitución de la Mesa de Acción Concertada - FOTO: GVA VALÈNCIA. (EP) La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, prevé alcanzar en 2022 un total de 16.067 plazas concertadas con 8.200 empleados en puestos "estables, bien remunerados y no deslocalizables".
Así lo ha avanzado este martes en la constitución de la Mesa de Acción Concertada junto a representantes de la patronal, entidades del tercer sector y sindicatos de todos los ámbitos de la atención social, un órgano que era "una reivindicación de hace más de 20 años", informa la Generalitat.
Oltra ha destacado que el sistema de concierto social, impulsado por el gobierno valenciano desde 2018, genera un puesto de trabajo por cada dos atendidos. Un modelo que ha ligado con la economía de las "tres C" (cuidar, curar y criar) como "un potente motor económico que genera puestos de trabajo de calidad y dignos".
En concreto, en la mesa participan miembros de la Federación Empresarial FEAD, Cermi-CV y Copava en representación del sector de la diversidad funcional, junto a la Asociación Profesional de Instituciones de Menores (Apime) y la Federación Protección y Justicia Juvenil (FEPJJ) por el sector de la infancia y adolescencia.
También forman parte la Federación de Asociaciones de Familiares y Amigos de Personas con Alzheimer (Fevafa) y LARES en representación de las personas mayores, las entidades ACCEM-CV, Fundación Elche Acoge y la Organización de Asociaciones de Acción e Intervención (OEISS) por parte de las entidades de inclusión social, así como los sindicatos UGT y CCOO.
El gobierno del Botànic inició el concierto social en 2018, con 7.132 plazas concertadas en el ámbito de la diversidad funcional, a las que se fueron incorporando otras destinadas a la atención a mayores, infancia y adolescencias, y en 2021 en materia de inclusión social.
En 2022 está previsto alcanzar hasta 16.067 plazas concertadas, de las que 9.145 serán para la atención a la diversidad funcional, 2.193 para mayores, 3.490 para infancia y adolescencia y 450 para la atención a la inclusión social, más del doble que hace cinco años y con la estimación de generar 8.338 puestos de trabajo.
"Estos significa que por cada dos personas atendidas hay una persona trabajadora, con lo que cubrimos dos aspectos muy importantes: por un lado, la atención a través de un sistema propio de una sociedad que cuida a las personas con vulnerabilidad, y por otro, la creación de puestos de trabajo, lo que convierte al sector de los servicios sociales en un motor de crecimiento económico".
Así ha abogado Oltra por seguir avanzando e la dignificación de los salarios, de manera que "una persona del grupo A, que sea por ejemplo psicóloga, llegue a tener una nómina mensual de 2.579 euros al mes o una persona cuidadora, auxiliar, tenga un salario de 1.300 euros al mes".
En el caso del personal del grupo B, como un trabajador social o un educador, el salario sería de 1.992 euros mensuales, 1.635 en el grupo C donde figuran los técnicos de integración social.
Las modificaciones respondían a la necesidad de mejoras en Colón 80 como centro de valoración de discapacidad antes del cambio de planes de Vicepresidencia
