Foto: EDUARDO MANZANA La sabiduría popular ya lo decía: “Calumnia, que algo queda”. Este refrán cobra especial relevancia en medio de la “infamia política y mediática” del caso de Mónica Oltra. Estos días hemos leído mensajes de periodistas y líderes progresistas que se preguntan quién reparará el daño personal y colectivo provocado por una querella dudosa y una campaña brutal contra Oltra. La respuesta es que nadie se va a responsabilizar de lo sucedido. Lo que sí podemos saber es quién contribuyó a esa campaña y cómo se fraguó. Las aquí abajo firmantes hemos analizado la cobertura del caso Oltra en prensa para desentrañar cómo una cobertura mediática infame actúa como pilar esencial de toda guerra jurídica.
Entre todos los casos sospechosos de lawfare, el de Mónica Oltra parece de manual. El lawfare se refiere al abuso de procesos e instrumentos legales para asesinar la reputación de los adversarios políticos. Como explica Martín Pallín en La guerra de los jueces, los jueces tienen la obligación legal de desestimar las querellas que carecen de fundamento. Sin embargo, estos admiten constantemente a trámite denuncias sin una base sólida y que parecen fruto de calumnias políticamente motivadas. Sin embargo, la complicidad de los jueces no es esencial siempre y cuando los querellantes sepan manejar adecuadamente los procesos jurídicos y los recursos mediáticos.
La guerra del lawfare no es sólo jurídica, sino jurídico-mediática. La amplia cobertura mediática de querellas e imputaciones le proporciona al lawfare la masificación necesaria para tratar de influir en la opinión pública. Quizás la estrategia más obvia es lo que se conoce como dripping: el goteo incesante de noticias. Las acusaciones populares, con el beneplácito de los jueces, consiguen reabrir casos, añadir imputados y alargar los procesos eternamente, de forma que el supuesto caso de corrupción siempre esté en las portadas. Pensemos, por ejemplo, en el macro-caso Neurona contra Podemos o en el aluvión de querellas contra Ada Colau. Ante los centenares de noticias que mencionan supuestas pruebas, imputados y delitos, el archivo de los casos recibe poca o nula cobertura.
La guerra jurídico-mediática no busca una condena judicial, sino erosionar la reputación de las víctimas y, finalmente, conseguir su muerte política ya sea a través de dimisiones o de su cese. El objetivo es “deshonrar” a los oponentes políticos para expulsarlos de la contienda electoral. En este caso, hemos documentado cómo el 90% de las noticias analizadas reproduce ataques contra Oltra, ya sea contra su personalidad, su autenticidad, su moralidad o estabilidad emocional. A corto plazo, esto influye en la percepción que pueda tener el público sobre su culpabilidad. A largo plazo, daña su reputación de forma permanente.
En ocasiones, los ataques son fruto de un periodismo precario y declarativo que reproduce ciegamente las declaraciones de líderes rivales sin cuestionarlas. Por ejemplo, las declaraciones de líderes de la derecha o extrema derecha son la tercera fuente de las noticias, sólo por detrás de la propia Oltra, y de jueces y fiscales.
En otros casos, el mediafare sigue estrategias claramente conscientes. En las noticias analizadas, una de cada cuatro fotografías de Mónica Oltra la retrata en una pose humillante. Es más, una de cada cinco noticias vulnera la presunción de inocencia, algo que sucede incluso en medios progresistas.
Un refrán, en este caso muy valenciano, nos dice que el mal ja està fet (el daño ya está hecho), por lo que solo nos queda plantear una reflexión: los medios de comunicación tienen una enorme responsabilidad social a la hora de explicar hechos y realidades, porque lo que está en juego en medio de esta guerra jurídico-mediática es la mismísima división de poderes que sustenta las bases de nuestra democracia.
