Omertà en el caso Azud

Siempre he considerado una virtud la capacidad de adaptarse a los cambios según nos vaya dictando la actualidad. Esta semana, cuando ya tenía escrito mi artículo de opinión saltó la noticia, que no la sorpresa, de que la investigación sobre la macrocausa de corrupción urbanística en Valencia, bautizada como ‘Caso Azud’, dejaba al descubierto decenas de facturas que acreditan que el PSOE valenciano se benefició de una trama de la que pudo incluso haber obtenido financiación para sus campañas electorales. Nada nuevo bajo el sol del bipartidismo ni de la Comunitat Valenciana. Pero, no por esperado ni por habitual, deja de ser escandaloso e indignante.

Lo que empezó siendo una “pequeña” trama de corrupción con epicentro en el Ayuntamiento de Valencia ha ido hasta el punto de que el levantamiento del secreto de sumario ha dejado al descubierto cómo funcionarios y cargos públicos tanto del PP como del PSOE cobraron comisiones a cambio de favores urbanísticos. El valor atribuido por la Justicia es, de momento, de 7 millones de euros. Pero la investigación también deja al descubierto una presunta financiación ilegal del Partido Socialista, del mismo Partido Socialista que con tanta hipocresía ha hecho fortuna política jugando, denunciando y condenando la corrupción del Partido Popular en la Comunitat Valenciana. El bipartidismo de siempre, vamos.

Mientras el caso Gürtel acaparaba portadas y abría informativos no sólo en la Comunitat sino en el resto del país -recordemos los trajes de Camps, la visita del Papa y la Fórmula 1- el Partido Socialista valenciano continuaba utilizando las instituciones de todos los ciudadanos a través de José Luis Vera, abogado y jefe jurídico de Divalterra (la empresa de liquidación de la Diputación de Valencia) para financiarse. Esto nos da una idea de la impunidad con la que los grandes partidos, la vieja política, ha actuado siempre en la Comunidad Valenciana. Una idea de por qué unos y otros atacan con tanta saña, desde izquierda y derecha, a Ciudadanos, el único proyecto político limpio de corrupción, que no ha tenido ni un solo escándalo allí donde ha gobernado y que les obliga a regenerarse y a perseguir la corrupción. Que levantemos las alfombras, que obliguemos a dimitir a sus imputados y a investigar sus corruptelas es lo que no nos perdonan. Entre ellos se perdonan todo, y corren a repartirse los jueces que luego deben juzgar la corrupción de los políticos, porque PP y PSOE hacen como que se pelean en público, pero en lo esencial están de acuerdo: tú no investigues a los míos y yo no investigaré a los tuyos, entre bomberos no nos pisemos la manguera.

Pues no. Ciudadanos ya solicitó en las Cortes Valencianas la apertura de una Comisión de Investigación que ahora mismo está bloqueada y que mucho nos tememos que seguirá ahí... porque ni a PP ni a PSOE les interesa que se investiguen sus desmanes en el ‘caso Azud’. La omertà al más puro estilo siciliano.  

Los entramados políticos y financieros de los dos grandes partidos de este país han hecho mucho daño a los ciudadanos. No sólo daño económico, también de credibilidad de las instituciones, que son los pilares de nuestra democracia. Sin unas instituciones sólidas y creíbles como representación del pueblo, la democracia se viene abajo y sólo hay ley de la selva. La ley del más fuerte. Los ciudadanos no se merecen ser representados por unos políticos que llegan a las instituciones pensando en solucionarse la vida, pensando sólo en cómo atornillarse al sillón y en el uso y abuso que pueden hacer de las mismas. Para eso no dudan en enriquecerse ellos y en dopar a sus propios partidos para que partan con ventaja en las elecciones.

Nuestros rivales podrán atacarnos con sus bajezas de baja y vieja política, pero ninguno podrá decir nunca que Ciudadanos no es un proyecto de la sociedad civil que ha venido a la política a servir y no a servirse, cuya gestión en las instituciones está siendo sobresaliente y que no ha tenido ni un solo caso de corrupción. Eso es lo que no nos perdonan.