CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Onda instará al Gobierno de España a paralizar la tramitación de la LOMLOE, conocida como Ley Celaá, y propone que la comunidad educativa participe en el diseño de un proyecto de Ley Orgánica que sume la voz de expertos en educación, familias, profesorado, Consejo Escolar u otros profesionales del sector, según han informado este lunes fuentes municipales a través de un comunicado.
Así, el gobierno municipal aprobará una moción en el próximo pleno de este miércoles a favor de la igualdad de todos los españoles en materia de educación, para que puedan elegir centro educativo con independencia del nivel socio económico, y en defensa de los derechos lingüísticos y la libertad de elección. Además, el texto dispone que la nueva Ley asuma como ejes vertebradores del sistema educativo la excelencia, la calidad y el esfuerzo.
El grupo popular del Ayuntamiento defenderá estas propuestas tras reunirse la alcaldesa, Carmina Ballester, con los representantes de las AMPAS de los colegios Virgen del Carmen y María Rosa Molas y escuchar su disconformidad ante la nueva Ley. Como muestra de propuesta, las AMPAS llenaron la semana pasada la plaza de El Pla de pupitres de colegio con el lazo naranja, símbolo de la oposición a esta propuesta educativa.
Por otro lado, el documento elevado a pleno especifica que se retire la disposición adicional cuarta de la LOMLOE con tal de garantizar que los centros de educación especial puedan seguir escolarizando a los alumnos de todos los perfiles educativos que actualmente reciben. Por último, el grupo popular pide que no se elimine el examen de oposición para acceder al cuerpo de inspectores porque se trata de una prueba que está basada en los principios de transparencia y, del mismo modo, se garantiza la independencia profesional de este cuerpo vital para el buen funcionamiento del sistema.
Según ha señalado la concejala de Educación y Formación, Estela Badenes, "es la primera vez en la democracia que la tramitación de una ley de educación no permite participar a la comunidad educativa. Es una muestra más del autoritarismo del gobierno de Sánchez e Iglesias, amordazando a familias, profesores y expertos para imponer su ideología”, ha sentenciado.