CASTELLÓ. Compromís se ha salido a medias con la suya en la Diputación de Castellón respecto a la declaración institucional conjunta en contra de los peajes blandos en la A7. Aunque no ha logrado que se recogiera de forma expresa los nombres de los partidos políticos que impulsaron prórrogas con Aumar para evitar la liberalización de la AP7, sí que ha metido con calzador en el texto definitivo los distintos periodos en los que el Ejecutivo de Madrid aprobó incrementar la concesión de la autopista para mantener y actualizar anualmente las tasas aplicadas a los conductores.
La propuesta que firmarán, presumiblemente la semana próxima, tanto la coalición nacionalista como el PSPV, PP y Ciudadanos contemplará, en su punto cuarto, que "el contrato de explotación, que tenía que haber concluido en 1998, todavía continúa vigente después de haberse ampliado en varias ocasiones".
En este sentido, el escrito resaltará que la concesión sigue imperante "gracias a las tres prórrogas que Aumar pactó sucesivamente con los Gobiernos de España". La primera, "1981-1982, de seis y cuatro años más, hasta 2004"; la segunda, "en 1986 una prórroga por dos años más hasta 2006"; y la tercera, "en 1997 por 13 años más, hasta 2019".
En ningún momento aparecerán UCD, PSOE o PP, pero se sobreentenderá su responsabilidad, considerando sus distintos mandatos en Madrid, con las presidencias de Leopoldo Calvo-Sotelo, Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.
El resto del contenido de la declaración institucional irá en la línea de lo expuesto inicialmente por el Partido Popular, cuando presentó una moción sobre los peajes blandos en el pleno de este martes, que finalmente retiró del orden del día ante la voluntad de las demás formaciones de llegar a un consenso.
El escrito incluirá una amplia introducción, haciéndose eco de las declaraciones de los ministros de Fomento y de Hacienda, José Luis Ábalos y María Jesús Montero, respectivamente, en las que sugieren un debate sobre cómo financiar el mantenimiento y la conservación de las vías de alta capacidad. En el caso de la provincia de Castellón, la A7.
A continuación se plantearán los cuatro puntos de la declaración institucional, instando al Gobierno de España a tramitar con carácter de urgencia el desarrollo de la citada autovía, lo que implicará la construcción de tres nuevos tramos de 48 kilómetros de longitud. Además, se pedirá la suspensión de la propuesta de establecimiento de un peaje por el uso de los viales rápidos gratuitos.
Como suele habitual con este tipo de textos conjuntos, se dará traslado del acuerdo a los presidentes del Gobierno de España y de la Generalitat Valenciana, así como a los diferentes municipios afectados por el trazado.
La Diputación Provincial aprobará el manifiesto en el pleno del 24 de septiembre. Dos días después lo hará el Ayuntamiento de Castelló en la sesión ordinaria del mes. Al menos, ese es el anhelo del PSPV, Compromís, Podem, PP y Cs. Falta por saber cuál será la postura de Vox al respecto.
