CASTELLÓ (EP). Plena Inclusión ha anunciado que evaluará la accesibilidad cognitiva de líneas de autobuses urbanas o interurbanas de nueve comunidades autónomas a través de sus federaciones de Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Extremadura, La Rioja y Región de Murcia.
Como recuerda la organización, la accesibilidad cognitiva es un tipo de accesibilidad que busca la fácil comprensión de entornos, productos o servicios, entre otros. Por ello, beneficia a toda la población, pero defiende que es aún más necesaria para las personas con dificultades de comprensión como las personas con discapacidad intelectual, autismo o parálisis cerebral, entre otras. Por este motivo, argumenta que esta accesibilidad redunda en una mayor autonomía para estas personas, al tiempo que aumenta su inclusión y facilita su vida en la comunidad.
En este proyecto participan 13 federaciones y entidades de Plena Inclusión, cuyo equipo promotor estará formado por las federaciones de Andalucía, Catalunya y Madrid y la propia confederación. Los equipos de exploración serán los de las nueve comunidades autónomas que evaluarán líneas de autobuses urbanas o, en su defecto, interurbanas, dependiendo de la situación de la entidad participante. Además, también se contará con la evaluación de Plena inclusión Ceuta.
Al término del análisis, se publicará un informe final con recomendaciones para hacer más fáciles de entender y usar este tipo de entornos.
Este proyecto es parte del pilotaje 'Comunidades Accesibles', financiado gracias al IRPF 2024, es decir, gracias a la aportación de las personas que marcan la casilla Fines Sociales en su declaración de la renta, también llamada la 'X Solidaria', una iniciativa que busca "promover procesos de transformación e innovación social a través de la accesibilidad cognitiva para potenciar comunidades más accesibles e inclusivas".
El coordinador del proyecto será Plena inclusión España, confederación que agrupa a 950 entidades a través de federaciones en todas las comunidades y ciudades autónomas, entidades que apoyan a más de 150.0000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y a sus familias, desde 4.000 centros y servicios, y gracias al compromiso de 46.000 profesionales y más de 8.000 voluntarios.