Podem-EUPV "anima a los inquilinos" a denunciar los abusos de los fondos buitre en Castelló

CASTELLÓ. Unides Podem-EUPV de Castelló celebró este miércoles una mesa redonda sobre el derecho a la vivienda en la que animó a la ciudadanía a denunciar los abusos inmobiliarios que cometan los fondos buitre en alquileres. El acto contó con las intervenciones del secretario autonómico de Vivienda, César Jiménez, y los portavoces del Sindicato de Inquilinos de Castelló, Javier Vázquez, y de la PAH, Nicole Tudorache.

"Este acto es una magnífica oportunidad para visibilizar que cuando el tejido organizativo presenta denuncias las administraciones las atiende. En esta sinergia entre Administración Pública y la sociedad civil podemos conseguir más avances contra los fondos buitre y otras actividades especulativas", destacó el secretario autonómico en la jornada, que se celebró de manera presencial en la sede de la Morada y también de manera telemática. 

Jiménez subrayó la labor del Sindicato de Inquilinos de Castelló y expuso que la denuncia que han formalizado ante la Conselleria de Vivienda contra fondos buitre de la ciudad por supuesto acoso inmobiliario puede comportar "las primeras sanciones administrativas contra los fondos buitre por incumplimiento de los pliegos de condiciones" en alquileres.

 En el acto se apeló a los inquilinos afectados a presentar denuncias contra las prácticas abusivas que incumplan la Ley de Función Social de la Vivienda o la Ley de Arrendamientos y, como muestra, se resaltó que en Catalunya se ha aprobado una Ley del Alquiler que regula el precio en zonas tensionadas gracias a la presión del Sindicato de Llogaters, se han presentado denuncias contra cláusulas abusivas y el Ayuntamiento de Barcelona ha abierto una expediente sancionador contra fondos de inversión por tener vacías viviendas de VPO.

Desde la PAH y el Sindicato de Inquilinos de Castelló mencionaron algunas actuaciones ilegales de las sociedades de capital riesgo en el alquiler y que han sido denunciadas ante la Conselleria como el no informar de la posibilidad de prórroga cuando finaliza el contrato, eludir el mantenimiento de zonas comunes o acoso inmobiliario para que las familias abandonen su hogar.