CASTELLÓ (EP). El Grupo Popular y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Castellón han registrado la petición formal de creación de una comisión no permanente de investigación con el fin de "conocer los detalles que tienen que ver con los contratos del montaje del Centro Integrado Municipal de Seguridad y Emergencias, ubicado en el antiguo acuartelamiento de Tetuán XIV, así como otros detalles de la gestión en esta área", según ha señalado la portavoz popular, Begoña Carrasco.
"Amparo Marco lleva gastados casi 2 millones de euros en una sala de emergencias cuestionada judicialmente y que no funciona", ha añadido Carrasco, quien ha señalado que "todas las noticias que llegan son contradictorias".
Ha explicado que, de un lado, "el equipo de gobierno del PSOE afirmaba en el año 2017 contar con unas instalaciones de última generación que ya prestaban servicio a los castellonenses"; y, del otro, "los agentes de la Policía Local vienen denunciando que el sistema de comunicaciones viene fallando continuamente, precisamente cuando más se necesita, es decir, cada vez que, por ejemplo, se producen situaciones de inclemencias meteorológicas, como las ocurridas en octubre de 2018 o hace escasos días, a finales de este agosto de 2019", lo que "obliga a los agentes a comunicarse por el sistema convencional de WhatsApp".
Según la popular, lo último conocido ha sido una resolución del 30 de mayo de 2019 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales por la que desestimaba la adjudicación de un contrato valorado en 700.000 euros para la adquisición de software y hardware de la instalación, "por fallos graves en el proceso de tramitación administrativa, anulando dicho acuerdo y afirmando que no se había seguido el procedimiento legalmente establecido".
Carrasco ha subrayado que esta resolución llega cuando este contrato ya se había adjudicado a una empresa que precisamente es la misma que se encargó del montaje de la citada sala y "a pesar de que el equipo de gobierno ya había anunciado que con la inversión de casi un primer millón de euros el centro de emergencias ya estaba prestando servicio en óptimas condiciones".
"Son muchas cuestiones las que se plantean y están por clarificar", ha apuntado la portavoz 'popular", que se ha referido al procedimiento extraordinario que se siguió para licitar el proyecto de la sala, "externalizándolo a una tercera empresa, ajena al Ayuntamiento"; o al "rosario de recursos que se han ido sucediendo desde que arrancó esta idea por parte del gobierno del PSPV y Compromís en el año 2016".
Según ha apuntado Carrasco, a esto unen otras cuestiones también "poco transparentes", como los problemas derivados en los contratos de compra de chalecos antibala, mochilas y linternas. Los populares también quieren saber el número de viajes que se han realizado al extranjero para promocionar el sistema de seguridad en cuestión, y los gastos derivados de los mismos, así cómo se han financiado; o el registro de la marca Eurocop Proxpol, "de propiedad municipal, en México, tal y como ha aparecido en los medios de comunicación".
"Comenzamos la nueva legislatura como se terminó la anterior, conociendo más y más problemas técnicos de la sala de emergencias y nuevas resoluciones judiciales que cuestionan el procedimiento administrativo seguido en el montaje de la sala de emergencias de Castelló", ha señalado Carrasco, quien considera que el momento de que el equipo de gobierno municipal aporte toda la documentación y dé las pertinentes explicaciones a los vecinos, "porque tienen derecho a conocer en qué se ha gastado el dinero de sus impuestos y el resultado de los mismos".