VALÈNCIA. El conflicto en Ucrania tras la invasión rusa no sólo se libra con enfrentamientos armados: el bloqueo económico y financiero se ha convertido en uno de los principales frentes de la guerra. Y sus consecuencias, en parte todavía imprevisibles, han generado un clima de incertidumbre nada beneficioso para la recuperación del comercio interno en la Comunitat Valenciana.
El sector ve la actual coyuntura como una suerte de 'castigo de Sísifo', la figura mitológica condenada a empujar ladera arriba una y otra vez una pesada roca para, al alcanzar casi la cima, tener que reiniciar la escalada eternamente. No salimos de una y nos metemos en otra, parecen decir los comerciantes: cuando remitían los efectos perniciosos de la pandemia, llega un nuevo factor de interrogantes: la inflación y la guerra. Losas que, si bien no serán eternas como en el mito, se dan en una coyuntura donde pesan también la deudas arrastradas tras la crisis del coronavirus.
"Estamos preocupados", admite el presidente de Confecomerç y de la Confederación Española de Comercio, Rafael Torres: "Cuando la situación debería ser de alegría, porque estamos saliendo del bache tras la pandemia, la gente vuelve a estar preocupada sobre el futuro". Es una incertidumbre cuya prolongación se desconoce, explica Torres, quien alerta de la posibilidad de que las restricciones económicas y las sanciones en respuesta a la invasión de Ucrania acaben en "algo mucho más grave". El bloqueo económico, dice, tendrá repercusiones "y en algunos casos ya lo está teniendo".
Se refiere por ejemplo a la subida de los precios que, como consecuencia de la inestabilidad geopolítica, agravará la tendencia inflacionista ya existente. "Hay un riesgo real de que suba todavía más el gas, la energía y la luz", un incremento "descomunal" a su juicio que ya se estaba viviendo y que inevitablemente tendrá su repercusión en el precio de la cesta de la compra. Por poner algunos datos sobre la mesa: el año pasado se cerró con una subida del 72% de la electricidad; un 11% del gas; y más de un 23% del gasóleo y la gasolina.
Así pues, hay productos que parecen no poder escapar a la presión alcista de la electricidad y de las materias primas en un contexto ya de "inflación desbocada" que se retroalimenta, en palabras de Torres. La alimentación y las bebidas no alcohólicas se encarecieron más de un 5% el año pasado en tierras valencianas, los muebles y artículos del hogar casi un 2%. "Si antes de Ucrania se estimaba que los precios se relajaran a mitad de año, ahora esto puede causar que la inflación se prolongue más en el tiempo". Es por ello que el contexto de conflicto puede "ayudar a agravar" problemas que se estaban intentando capear.
Por un lado, porque a la subida de precios se añaden riesgos nada desdeñables como la carencia coyuntural de alguna materia prima o el desajuste de determinadas cadenas de suministros en productos procedentes de Rusia o de Ucrania. La guerra "puede afectar a diferentes procesos normales de fabricación" e incluso "se habla de cortar o desviar rutas comerciales", lo que puede repercutir en el "encarecimiento [adicional] de algunos productos", asegura el presidente de la Confederación Española de Comercio.
Además, Torres advierte sobre cómo pueden afectar las amenazas geopolíticas al consumo. "Cualquier hecho negativo afecta emocionalmente al consumidor", relata el también responsable de Confecomerç sobre la sensibilidad del comercio a cualquier perturbación de estas características: "Las compras se hacen mucho mejor en un estado de ánimo normalizado y el gasto se retrae cuando hay una perspectiva negativa sobre las cosas". Si se extiende el temor, se tenderá al ahorro; si se enquista la inflación, se contraerá el consumo, augura.
Una fotografía poco halagüeña que amenaza con retrasar la recuperación económica tras la pandemia. "Ahora estábamos empezando a notar la recuperación de la demanda, pero vemos que las circunstancias no son las de una reactivación normal; hay ganas del consumidor, pero cuando no es una cosa, es otra", lamenta el portavoz de los comerciantes en la Comunitat, quien apunta a un contexto "con márgenes muy ajustados" para las empresas comerciales.
El endeudamiento, en ese sentido, es algo a tener en cuenta. Especialmente porque en los próximos meses muchas pymes van a tener que hacer frente al vencimiento de los créditos solicitados tras el estallido de la pandemia con el aval del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Pasados dos años, finaliza el período de carencia y la deuda deberá empezar a devolverse. El sector solicita al Gobierno que apruebe una moratoria dado el contexto. Actualmente, hay una cláusula que permite a los negocios acordar individualmente un aplazamiento en condiciones ventajosas, pero "no es una orden del gobierno", sino que el riesgo lo asumen las propias empresas. Esta será la prueba del algodón para muchas de ellas.
El portavoz en la Comunitat Valenciana de la asociación de grandes superficies comerciales (Anged), Joaquín Cerveró, admite que por el momento no está habiendo "cambios relevantes" en las grandes empresas de distribución. "Evidentemente todas las circunstancias que supongan incertidumbre pueden conllevar algún problema", asegura, pero a la postre "todo depende de lo que se alargue en el tiempo, en una coyuntura de alta inflación y de problemas logísticos".
En realidad, y como explicaba Torres, Cerveró insiste en que el conflicto de Ucrania es "un factor de distorsión más" que se suma a los obstáculos que ya había y que, poco a poco, se estaban superando, como las interferencias en las cadenas de suministros. "Se estaban desinflamando y paulatinamente se habían ido normalizando, pero esto puede ser otro aldabonazo", subraya el portavoz de Anged. Así pues, "todos los productos que dependan de alguna forma de mercados en conflicto, directamente o indirectamente, pueden ver incrementados sus precios", todo ello "dependiendo de la duración del conflicto".
Con todo, dice el representante de Anged, "la administración tiene poco margen de actuación", más allá de medidas para paliar los precios energéticos. "Lo que sí pedimos siempre es que, en un contexto de incertidumbre y tras dos años de caídas de ventas, no haya tentación de incrementar la carga impositiva, la burocracia o la normativa", subraya Cerveró, quien reclama mantener la situación fiscal al menos "hasta que se resuelva la situación de incertidumbre".