CASTELLÓ. Propietarios de Golf Sant Gregori de Burriana critican el "abandono" de la zona en la que se había proyectado el PAI de unos 2,5 millones de metros cuadrados a desarrollar al norte de la desembocadura del Clot de la Mare de Déu con un presupuesto del proyecto de obras de urbanización de casi 120 millones a fecha de 2020.
Asimismo, y a través de la Asociación de Propietarios a Favor del Golf Sant Gregori, que representa sobre un 26% de la superficie, han remitido un escrito al Ayuntamiento de Burriana en el que muestran su clara disconformidad a que una empresa externa realice el peritaje de las obras ejecutadas hasta la fecha en que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana anuló al pasado año el acuerdo municipal de 2019 con el que la anterior corporación buscaba reactivar el macroproyecto urbanístico.
En concreto, se refieren a la licitación del contrato para la comprobación y verificación de las obras realizadas "a fin de proceder a la liquidación del contrato del PAI de desarrollo del sector". Los pliegos para la contratación de este servicio recogen que la última certificación de las obras es de fecha de junio de 2023 y arrojaba un porcentaje de ejecución del 7,8% de los casi 120 millones de euros, es decir, algo más de seis millones de euros ejecutados. "Se pretende con este contrato comprobar si ese porcentaje es correcto o no, pudiendo ser superior o inferior", recogen los pliegos. El importe de la licitación para contratar el servicio externo de peritaje asciende a 48.400 euros.
Se trata de una decisión que el actual equipo de gobierno de Burriana realiza tras la aprobación en el pleno de noviembre del pasado año de ejecutar el fallo judicial y retrotraer las actuaciones al acuerdo plenario del 11 de marzo de 2016 para "liquidar el contrato de despliegue y ejecución del PAI y determinar y reclamar en su caso los daños y perjuicios que la resolución anticipada de dicho convenio ha supuesto para el Ayuntamiento de Burriana y a los titulares de bienes y derechos afectados por la actuación".
Una decisión que ha sido duramente criticada desde la Asociación de Propietarios a favor de Golf Sant Gregori que, en el escrito remitido esta semana por registro al consistorio y dirigido también al alcalde, Jorge Monferrer; al concejal de Hacienda, Alejandro Clausell; y al concejal de Urbanismo, Juan Canós; muestran su "estupor" por el hecho de que "una empresa privada audite el trabajo y solvencia profesional de un funcionario municipal", en referencia a la certificación de las obras que el equipo de gobierno quiere verificar con esta contratación.
"El peritaje, como está planteado, provoca una situación anómala, nunca vista en otro ayuntamiento. Es el último despropósito que los propietarios y vecinos debemos soportar después de 19 años de tramitación", denuncian en su escrito. Desde el colectivo, no entienden que se tenga que hacer un peritaje sobre algo que ya ha sido acreditado por personal municipal. Además, sostienen que este peritaje va a realizarse tras un año de parón de las obras y que la zona está en "situación de abandono".
Por el contrario, desde el consistorio defienden el expediente de contratación, al igual que el proceso abierto para comprobar el nivel de ejecución de las obras porque es necesario peritar para comprobar el nivel de ejecución para la liquidación del PAI.
En otro orden, los propietarios, que representan a algo más de una cuarta parte del suelo, señalan que la obra "está parada desde hace casi un año, la hierba ha crecido, los caminos se han deteriorado, hay zonas inundadas, el yacimiento de la villa marítima romana más importante de la Comunitat Valenciana está sumergida en agua, con el consiguiente deterioro de un yacimiento fascinante; la conclusión lógica es que es imposible hacer unas mediciones comparables", indican.
Por todo ello, piden que, en caso de hacerse, sea un "peritaje independiente" realizado "por funcionarios de la Generalitat o de la Diputación de Castellón".
Asimismo, también cuestionan que en el expediente de contratación del servicio de peritaje conste que la redacción completa del informe tenga que ser revisada "por parte del ingeniero de caminos municipal y del concejal delegado de Obras Públicas (Juan Canós)". "Es un trabajo de responsabilidad exclusiva de funcionarios, no de políticos", afirman. Desde la asociación aluden a un "conflicto de intereses" y piden en su escrito que el concejal sea apartado de esta tramitación.
