VALÈNCIA. Como si de una novela folletinesca se tratara, la investidura anhelada por el socialista Pedro Sánchez transitó este jueves por un nuevo episodio. Posiblemente, el más intenso e incierto de la trama: el acuerdo para obtener los votos de Junts, unos apoyos clave para conseguir su continuidad como presidente del Gobierno de España.
El pacto, alcanzado en la noche del miércoles y que se dio a conocer detalladamente ayer, destaca por su profundidad en lo que se refiere a la Ley de Amnistía, algo que contrasta con la superficialidad sobre otras cuestiones que podrían entrar en conflicto con las distintas autonomías.
Así, y como si de un plan diseñado se tratara, el acuerdo firmado días atrás entre ERC y PSOE para la investidura, destacaba con mayor detalle medidas en el ámbito económico como la bilateralidad con Cataluña en la reforma de la financiación o la condonación de la deuda con este territorio. Una iniciativa que puso en guardia al resto de territorios, entre ellos la Comunitat Valenciana presidida por el popular Carlos Mazón. Sin embargo, la amnistía a los implicados en el 'procés', aunque mencionada, no aparecía desarrollada al detalle como si ocurría en mayor medida en el pacto con Junts.
De esta manera, y como si de un reparto de papeles predeterminado se tratara, el acuerdo entre PSOE y el partido liderado por Carles Puigdemont pone el foco en la ley de amnistía, una cuestión que ha desembocado en todo tipo de manifestaciones en distintos puntos de España -algunas con disturbios incluidos- y en próximas protestas programadas, como la organizada por el PP en diferentes capitales de provincia para este fin de semana.
Ahora bien, lo más llamativo del documento firmado, por el que Junts se compromete a apoyar con todos sus votos la investidura, es cómo se exhiben los desacuerdos entre ambas formaciones sin que en el pacto se alumbre ninguna solución o conclusión a corto plazo. Ejemplo de ello es el referéndum de autodeterminación que viene reivindicando Junts para Cataluña: "El PSOE y Junts reconocen sus profundas discrepancias y son conscientes de la complejidad y de los obstáculos del proceso que se disponen a emprender. Por un lado, Junts considera legítimo el resultado y el mandato del referéndum del 1 de octubre, así como la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017. Por el otro, el PSOE niega toda legalidad y validez al referéndum y a la declaración, y mantiene su rechazo a cualquier acción unilateral. Al mismo tiempo, constatan que se pueden alcanzar acuerdos importantes sin renunciar a las respectivas posiciones".
Un enunciado que, indudablemente, deja en un escenario más cómodo a la formación socialista, dado que pone negro sobre blanco la nula concesión de Sánchez ante la gran reivindicación de los partidos independentistas. Un desacuerdo que se pone de manifiesto en el siguiente párrafo: "Para la consecución de estos acuerdos, y dadas las profundas discrepancias sobre la forma final de la resolución del conflicto, además de las desconfianzas mutuas reconocidas por ambos, el PSOE y Junts han acordado dotarse de un mecanismo entre ambas organizaciones, internacional, que tenga las funciones de acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos entre ambas formaciones a los que se llegue". Un párrafo que, a priori, parece alejar un debate sobre un referéndum independentista a corto plazo: el precio para la investidura, y así se desliza del acuerdo alcanzado, se centra en la amnistía para los implicados -directos y colaterales- en el 'procés' de 2017.
"Esta ley debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos. En este sentido, las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas", señala el documento.
Menos detalle se refleja en cuestiones que interesan especialmente a la Comunitat Valenciana, como es el caso de la reforma del sistema de financiación o de la condonación de la deuda. Bien es cierto que en el acuerdo entre PSOE y Junts, se incluyen términos de "excepción" y "singularidad" para Cataluña a la hora de abordar estos asuntos, pero sin el detalle que se mostraba en el pacto con ERC. "El PSOE apostará por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Catalunya, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Catalunya", dice el documento, donde no aparece la palabra deuda, y donde se solicita también que el Gobierno "facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Catalunya", si bien no existe el compromiso del PSOE específico en esta cuestión.
De la misma manera, otra declaración de intenciones no concretada es el "facilitar y promover el regreso a Catalunya de la sede social de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años". Un deseo que no pasa de la intención, dado que como afirmó este mismo jueves el secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, esas decisiones corresponden a las empresas y no a los gobiernos. Cabe recordar que sedes sociales como las de, por ejemplo, CaixaBank, Banco Sabadell o Naturgy, se encuentran ahora en la Comunitat Valenciana.
Por último, en el apartado de medidas de difícil concreción acordadas, se encuentra la "ampliación de la participación directa de Catalunya en las instituciones europeas y demás organismos y entidades internacionales, particularmente en los asuntos que tienen especial incidencia en su territorio".