Foto: A. ORTEGA/EPMADRID (EP). Las dos formaciones gubernamentales --PSOE y Unidas Podemos-- han alcanzado este martes a primera hora un acuerdo 'in extremis' sobre el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año, que se aprobará en la reunión del Consejo de Ministros de este martes.
Según ha informado la Secretaría de Estado de Comunicación, el acuerdo se formalizará este martes en una reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y, posteriormente, será sometido a Consejo de Ministros para su aprobación.
Este pacto llega tras unas negociaciones de última hora entre los dos socios de Gobierno, después de que en la noche de este lunes Yolanda Díaz advirtiera que seguían existiendo diferencias profundas en el seno de la coalición para cerrar el acuerdo, sobre todo en tema de vivienda.
En cualquier caso, a la espera de conocer el detalle concreto del acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, ambos han podido resolver los "flecos" que les separaban de las que pueden ser las últimas cuentas de la coalición.
Uno de los grandes pactos entre ambos partidos fue el fiscal, que permitió desencallar los acuerdos para cerrar las cuentas del próximo año, que tienen como objetivo consolidar el crecimiento económico y la creación de empleo, pero teniendo en cuenta el complejo panorama económico actual, marcado por la guerra en Ucrania y la escalada de precios.
Tras su aprobación en Consejo de Ministros, lo previsible es que la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, las lleve la próxima semana ante el Congreso de los Diputados, con el propósito de que antes del 31 de diciembre la Ley de Presupuestos esté aprobada y, por tanto, el 1 de enero entre en vigor.
Las principales advertencias que lanzaba Unidas Podemos tenían que ver con que consideraban que el aumento del presupuesto público "no puede ir" dirigido al gasto en Defensa, sino que "debe destinarse a la inversión social y a reducir las desigualdades".
Asimismo, la formación 'morada' insistía en que el Gobierno debe cumplir con dos compromisos que mantienen con la ciudadanía "desde hace mucho tiempo", que son la derogación de la 'ley mordaza' y la aprobación de la ley de vivienda, en tramitación parlamentaria desde hace meses.
La ley de familias y sus principales medidas eran otro de los aspectos pendientes de sellar, dado que Unidas Podemos demandaba respaldo presupuestario a dos puntos concretos, como son extender a seis meses los permisos de maternidad y paternidad, así como una renta crianza universal de 100 euros.
En las cuentas públicas, el Ejecutivo debe incluir también la subida de los sueldos de funcionarios. Hacienda ha ofrecido a los sindicatos una mejora del 9,5% entre 2022 y 2024, que finalmente acabó con un acuerdo.
Los funcionarios ya han recibido este 2022 un aumento salarial del 2%, al que se sumará ese 1,5% retroactivo propuesto por Hacienda, lo que suma un 3,5% para este ejercicio.
Para 2023, el Ejecutivo fija un incremento del 2,5%, al que se suman dos variables del 0,5%. Los sueldos de los empleados públicos se subirían un 0,5% adicional si el IPC acumulado de 2022 y 2023 supera el 6%, y se añadiría otro 0,5% si el PIB de 2023 supera el 5,9%.
La oferta se completa con un alza del 2% en 2024, de nuevo con un cláusula para incrementar el sueldo un 0,5% en caso de que el IPC acumulado de 2022, 2023 y 2024 supere el 8%.
Las cuentas del próximo año tendrán que hacer frente también a la actualización de las pensiones de acuerdo con el IPC interanual del mes de noviembre, que podría situarse entre el 7% y el 8%, según los expertos, lo que supondrá un esfuerzo presupuestario muy importante.
El pasado mes de julio, el Consejo de Ministros aprobó el límite de gasto no financiero para 2023, conocido como 'techo de gasto', que asciende a 198.221 millones de euros, un nuevo récord, superior en un 1,1% al de 2022, incluyendo 25.156 millones de fondos europeos y una transferencia a la Seguridad Social de 19.888 millones, un 8,1% más que el año pasado.
El déficit público se reduciría hasta el 3,9% del PIB, según las últimas previsiones del Gobierno, aunque recientemente Hacienda ha presentado un nuevo paquete fiscal para hacer frente a la situación actual, con el que pretende recaudar 3.144 millones de euros adicionales.
Entre las medidas fiscales más relevantes que acompañarán a los Presupuestos destaca la rebaja del Impuesto sobre la Rentas de las Personas Físicas (IRPF) para las rentas del trabajo por debajo de 21.000 euros. También se elevará un punto, hasta el 27%, la tributación de las rentas del capital en el IRPF superiores a 200.000 euros, y para las plusvalías superiores a 300.000 euros, se elevará hasta el 28%, dos puntos más.
Asimismo, las rentas del trabajo a partir de 15.000 euros (1.000 euros más que ahora) estarán exentas del pago del IRPF, mientras que en el IVA, se bajará el tipo del 10% al 4% para los productos de higiene femenina, de los preservativos y los anticonceptivos no medicinales.
También en este impuesto, se elevará un 5% el rendimiento neto de módulos para los autónomos y se incrementa del 5% al 7% la reducción para gastos deducibles de difícil justificación en la tributación en régimen de estimación directa simplificada.
El paquete fiscal también incluye cambios en el Impuesto sobre Sociedades. En concreto, se rebaja el tipo nominal del 25% al 23% para las pequeñas empresas con una cifra de negocios inferior a 1 millón de euros.
Igualmente, en este tributo se limitará al 50% la posibilidad de compensar las pérdidas de las filiales en los grupos consolidados, que afectará a 3.609 grandes empresas y tendrá un carácter temporal.
Todo esto teniendo en cuenta que, al igual que en 2020, 2021 y 2022, la Comisión Europea ha propuesto que las reglas que limitan el déficit y la deuda públicos de los Estados miembros sigan suspendidas en 2023. La suspensión de las reglas fiscales, que tiene que ser aprobada por el Gobierno con el visto bueno de la Comisión Europea, está amparada por los artículos 135.4 de la Constitución y en el 11.3 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Tal y como ha sucedido en los ejercicios anteriores, el Congreso de los Diputados certificó que aprecia la existencia de una situación de excepcionalidad que justifica la necesidad de suspender estas reglas de déficit y de deuda y legitime así la decisión del Gobierno, como exige la Constitución y la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
