Durante su comparecencia en la Comisión de Justicia, Gobernación y Administración Local de Les Corts Valencianes, el secretario autonómico reivindicó que el decreto era un "compromiso electoral" del president para "aligerar las cargas de la Administración" desde una "visión transversal".
Para la ciudadanía, subrayó que el proyecto de ley aumentaba "la transparencia y la comunicación" en sus relaciones con la Administración. Para ello, explicó que se podrá acceder "de manera ágil" a documentos que ya se hayan presentado anteriormente. De esta manera, valoró que se mejoraran las competencias, al tiempo que se ofrecería "mucha más participación" y más "transparencia y calidad".
En cualquier caso, reconoció que la Administración autonómica "no está exenta de cosas a mejorar", por lo que invitó a Vox a mejorar el texto -los voxistas advirtieron que el texto era mejorable-.
"Han confundido simplificación con desregulación"
Desde la oposición, el diputado de Compromís Jesús Pla cuestionó la "urgente necesidad" del Consell para "modificar 29 leyes, 37 decretos, ocho órdenes y 500 artículos que afectan a prácticamente todas las materias" y ha acusado al Gobierno valenciano de pretender "apropiarse" de las competencias legislativas de Les Corts. "Han confundido simplificación con desregulación, no es lo mismo simplificar que arrasar el territorio", sostuvo.
Además, consideró que este proyecto de ley era "ni más ni menos" una "enmienda a la totalidad" a la política económica del 'president' Mazón y advirtió a García de que, si finalmente se aprobaba, tendría que dar "muchas explicaciones a los vecinos y alcaldes, que verán cómo sus términos municipales se llenan de estructuras de hierro sin que puedan mover un dedo". Y mencionó "ejemplos sangrantes" como que se pudieran construir "cámpings y hoteles a 100 metros de la línea de costa", una posibilidad que ha advertido de que "contraviene la normativa europea".
Abad, coincidió también con Compromís en que este texto suponía una "moción de censura a su jefe", el 'president' Carlos Mazón. Por ello, preguntó a García si "ha temido" por su cese si este asunto "adquiere responsabilidad". También consideró que este decreto es "el mayor desafío normativo que ha vivido la Generalitat" y censuró "las prisas y la desesperación" del Consell por pretender convalidarlo "una mañana de julio sin pena ni gloria y obviando la participación política y de la sociedad civil".
Desde Vox, David Muñoz mostró su apoyo al decreto por ser, a su juicio, "urgente y necesario" porque, según precisó, persigue "desburocratizar el funcionamiento y mejorar la eficiencia del sector público y privado". Así, tildó de "fundamental" simplificar los trámites administrativos: "Todos los hemos sufrido y el entorno excesivamente burocratizado no facilita la creación de empresas".
Por su parte, la popular Laura Chulià defendió que el Plan Simplifica era "el impulso que la sociedad valenciana necesita para avanzar sin trabas burocráticas" y resaltó que el decreto venía "a dar solución a los problemas reales de los valencianos". "No podemos permitir que la administración pública, en lugar de facilitar el progreso, lo imposibilite", afirmó.
Chulià defendió que el Consell cumplía con este decreto "su promesa de hacer realidad una administración más ágil y eficiente para mejorar los servicios públicos", al tiempo que hizo un llamamiento a la oposición para que apoyara esta iniciativa. "Es una oportunidad para todos de contribuir a una administración más dinámica y efectiva, trae consigo grandes avances que beneficiarán a la sociedad en su conjunto", agregó.
"Ningún problema" en incorporar enmiendas
En su turno de réplica, Cayetano García aseguró que no habría "ningún problema" en incorporar enmiendas que pretendan mejorar el proyecto de ley para que tenga "mayor calidad". "Cuantas más, mejor", subrayó. A la vez, agradeció a Compromís su tono constructivo, mientras que al diputado del PSPV le requirió "algo más de respeto". "Por un minuto de tele, no ha comentado ni un artículo concreto", le reprochó.
Así, García pidió "coherencia" al representante socialista y argumentó que la "urgente necesidad" del decreto quedaba acreditada "desde el momento en que hay 9.000 millones de euros de inversión, 7.000 empleos y una sola persona que va a su ayuntamiento y no le atienden porque no tienen las capacidades tecnológicas". "¿No es urgente que una persona se muera esperando que se le reconozca la dependencia?", cuestionó.
Además, afeó a Abad que ahora que el PSPV está en la oposición critique el informe de la Abogacía de la Generalitat mientras hizo "oídos sordos" cuando gobernaba el Botànic y defendió que el PP no gobierna en minoría, sino que "tiene mayoría, aunque lo que no tiene es la mayoría absoluta". "Uno no puede discutir con alguien que no le da ningún argumento en contra", concluyó García, que acto seguido pidió "rebajar el tono" y "elevar" el nivel.