VALÈNCIA. El interrogatorio al que se sometió el pasado lunes Mónica Oltra en el juzgado de Instrucción número 15 de Valencia se centró en comprobar su responsabilidad en la gestión que realizó la Generalitat de los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada. Y si pudo o no, junto al resto de cargos de la Conselleria de Igualdad imputados, obstaculizar la investigación judicial que se puso en marcha.
El magistrado dibuja dos momentos clave en su ristra de preguntas: uno, antes del 4 de agosto de 2017 y otro, después del 4 de agosto de 2017. La fecha es determinante, puesto que es cuando la exvicepresidenta del Consell asegura que se enteró de la existencia de unas diligencias abiertas sobre los abusos.
¿Qué es lo que ocurre antes de ese día? Varias cosas. La principal, aparte de los abusos –que se produjeron entre finales de 2016 y principios de 2017–, es que Oltra asumió un deber de abstención en las decisiones que afectaban al centro de menores en el que trabajada su exmarido. Así lo comunicó, verbalmente y por escrito, cuando entró como consellera de Igualdad en 2016 debido a las posibles incompatibilidades que se pudieran generar. Lo hizo a través de su entonces subsecretario, Francesc Gamero.
El juez le cuestionó sobre quién sabía su voluntad. Y explicó que, aparte de Gamero, la Abogacía de la Generalitat, puesto que el primero les envió el escrito de abstención y le respondieron que era innecesario porque por competencias no interviene en los centros. El magistrado prosiguió y le preguntó si también tenían conocimiento diversos cargos de la Conselleria, entre ellos la directora general de Infancia y Adolescencia Rosa Molero. En algunos casos contestó que lo ignoraba, pero en referencia a esa dirección general señaló que el escrito también se le envió, aunque no sabe si lo tenía Molero.
El magistrado le interpeló, seguidamente, para concretar quién debía entonces hacerse cargo del centro e intervenir en los asuntos relativos a él. Oltra aclaró que, dependiendo de qué cuestiones, o la dirección general o la dirección territorial.
El instructor incidió entonces en lo que considera que podría suponer un choque entre ese deber de abstención y la ley valenciana que regula el Código de Buen Gobierno al que están sometidos todos los cargos públicos de la Generalitat. En él se incluye lo siguiente: "Las decisiones se adoptarán atendiendo al interés general, con objetividad hacia las personas e imparcialidad y neutralidad respecto a los intereses privados afectados, motivando sus decisiones en el caso de actuaciones discrecionales. No podrán afectar a estos principios consideraciones personales, familiares, partidistas, corporativas, clientelares, de amistad o cualquier otras de naturaleza privada, personal o ajena al recto ejercicio de sus funciones". Oltra replicó que cumplió "estrictamente" con ello.
En la siguiente pregunta, el juez sacó a colación la Instrucción del 30 de mayo de 2013 de la dirección general del Menor de la Conselleria de Bienestar Social en la que se dan instrucciones relativas a la comunicación de hechos e incidentes relevantes en centros de menores de la Comunitat a este departamento o a la dirección territorial. Oltra manifestó que tuvo conocimiento de ella en noviembre de 2021, en una de las ocasiones en las que hubo de responder a la oposición en Les Corts, y que nadie le hizo referencia antes.
Al margen de esta y otras instrucciones en las que constaban los protocolos de actuación en casos de incidentes –tanto dentro de la propia Conselleria como la comunicación a la Fiscalía–, el magistrado también hizo hincapié en otro asunto: si la exvicepresidenta supo que su exmarido dejó de trabajar en el centro del 20 de febrero al 12 de marzo de 2017. Ella argumentó que no porque fue un mes de mucha actividad debido a que tuvo que desplazarse a Bruselas y Madrid y él le dijo que le debían días libres.
El juez intenta averiguar quiénes eran las personas concretas encargadas de un presunto abuso sexual en un centro de menores –aquellos que debían saber que se había producido–, pero Oltra negó saber los nombres porque en la dirección territorial "hay mil personas trabajando" y es una "autoorganización": "Es como si yo hubiera sido consellera de Sanidad y me preguntara quién entra en quirófano. Carezco de pericia para ello", comentó.
Tras toda la sucesión de hechos relevantes para la causa que tienen lugar antes del 4 de agosto de 2017, el magistrado comenzó con los posteriores. Aquel día, explicó la exvicepresidenta, es cuando la llamó su exmarido, Luis Ramírez Icardi, porque había recibido la citación judicial en su casa. En ese momento, detalló, ambos compartían inmueble aunque estaban separados. Por lo que el interrogante es si, con conocimiento de las diligencias abiertas, participó en alguna de las decisiones que se tomaron en la Conselleria. Entre ellas, el inicio el 8 de agosto del expediente paralelo al judicial que incluyó los informes del Instituto Espill que otorgaron poca credibilidad a la víctima.
Oltra afirmó que no lo ordenó –con las contradicciones públicas en esta versión– ni conoció que se había iniciado hasta más de dos años después (a comienzos de 2020). "Yo no sabía cuánto tiempo llevaba el proceso. No conozco los entresijos. Yo no he indagado en ese proceso penal (...) Hoy es el día que no he leído ese expediente, y tuve conocimiento de su existencia cuando tuve que dar cuenta a Les Corts, aseguró.
El fiscal le cuestionó en este punto si eso significaba que ella permaneció ayuna totalmente de toda información o si utilizó cauces no oficiales para enterarse de lo que ocurría. "Ni oficiales ni extraoficiales", admitió. Nadie le informó, comentó, del auto que imponía medidas cautelares a su exmarido, el cual tuvo entrada en la Dirección Territorial de la Conselleria el 8 de agosto. Algo sobre lo que el magistrado reflexionó que cómo era posible que la directora territorial tampoco lo supiera y que no se dispararan todas las alertas en el departamento. Oltra justificó que por la complejidad de la Conselleria.
En aquellas jornadas, narró una situación personal grave que afectaba a su hijo y por la que detalló que permaneció varias semanas atendiéndolo y desentendida de las actuaciones que se llevaron a cabo en la Conselleria. Lo que sí hizo fue hablar con su jefe de Gabinete, Miquel Real para decirle que recabara información acerca de si en la Conselleria alguien sabía algo, "porque yo me había enterado como Mónica Oltra y no como consellera". "No podía pasar este asunto sin ponerlo en conocimiento de la Conselleria (...) Sé que en un momento dado mi jefe de Gabinete me dijo: céntrate únicamente en el niño que las actuaciones técnicas se están llevando a cabo y están en manos de quien tienen que estar", destacó.
El magistrado la interpeló a continuación sobre qué pasó cuando su hijo afortunadamente se recuperó y ella regresó a su trabajo con normalidad. Por qué, tampoco en ese momento, colaboró con el juzgado. "Porque entiendo que no es mi función como Consellera y menos en ese caso", replicó.
Las cuestiones posteriores del instructor se centraron en las actuaciones en Igualdad: por qué se decidió, sin más, no dar crédito al testimonio de la menor en base a una conversación de una psicóloga con ella de apenas 45 minutos y en la que no se trató en absoluto del tema de los presuntos abusos y sin que nadie le preguntara una sola vez sobre los mismos; por qué, existiendo un procedimiento judicial en marcha, se sometió a la niña a una nueva entrevista con una técnico jurídico de la Conselleria, que la interrogó sin que aparentemente se respetaran sus derechos como víctima y sin ser informada de derecho alguno, por qué se deriva a la chica al Instituto Espill en agosto cuando en febrero no se consideró oportuno; si el contrato con el Instituto Espill estaba en vigor; y por qué se gasto dinero en ese informe cuando ya iba a haber una pericial judicial; y si se generó con todo ello una doble victimización de la víctima.
Oltra respondió en algunos casos con desconocimiento y en otros con incapacidad de valorar estas cuestiones por no ser una profesional del tema o psicóloga.
Además de todo ello, tanto juez como fiscal interrogaron a la exvicepresidenta sobre el motivo por el que, sabiendo de la existencia de un proceso, la Conselleria no trató de personarse en la causa en defensa de la niña como acusación particular. Teniendo en cuenta, apuntó el magistrado, la amplia doctrina jurisprudencial que contemplaba dicha posibilidad y con la ventaja añadida de la oportunidad de presentar la documentación precisa en apoyo de la menor. Oltra respondió que porque no había título habilitante debido a que la ley que lo permitía es posterior.
Sin embargo, le insisten en que existe una doctrina del Tribunal Constitucional y del Supremo que permitía la intervención adhesiva de las víctimas al trámite posterior de calificación. Y que con ella, lo que hubiera supuesto es que la niña tuviera apoyo legal, se la tratara como víctima y se aportara documentación de actuaciones de la Conselleria. Oltra manifestó que es algo que no se planteó nadie porque no había titulo habilitante y si no hay normativa que lo respalde la Abogacía de la Generalitat no actúa.
Por último, y en respuesta a si, puesto que el primer juicio tuvo lugar en noviembre de 2019, la Abogacía no pudo actuar con la ley ya aprobada, señaló que nadie lo planteó y ella tampoco.