Foto: JOAQUÍN REINA/EPVALÈNCIA. El 'president' de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, ha mostrado su disposición a dialogar y negociar con el Ministerio para la Transición Ecológica respecto al futuro del Tajo-Segura, pero ha advertido que no aceptará ninguna "imposición" sobre las condiciones del trasvase.
"Lo que se acordó en el Consejo Nacional del Agua, que se ha cambiado sustancialmente, se tiene que mantener", ha insistido un día después de solicitar audiencia al Consejo de Estado para conocer la redacción final que ha llegado a este órgano consultivo sobre el proyecto de real decreto del plan hidrológico que afecta al Tajo-Segura, con el objetivo de poder presentar alegaciones.
En concreto, el proyecto normativo aprobado por el Consejo Nacional del Agua a finales de noviembre incluía una disposición adicional novena que el Consell ve esencial para garantizar el mantenimiento del trasvase, por lo que Puig ha rechazado cualquier modificación o supresión de este punto.
En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, el 'president' ha garantizado que está en contacto con la ministra Teresa Ribera, también socialista, y que "ella sabe perfectamente lo que pasó": que había una propuesta del Ministerio que aceptó la Generalitat en el Consejo del Agua y que "ahora es obvio e indiscutible que se ha producido un cambio y ahí está el motivo de las discrepancias".
"Nuestra posición no es cerrada en absoluto, se puede discutir de todo (...) Desde luego, estamos en el marco de la negociación porque queremos llegar a un acuerdo", ha reiterado, y ha advertido que el Consell planteará alegaciones si el Gobierno no rectifica, mientras "los regantes tienen su propia vía" y se manifestarán la próxima semana ante el Ministerio.
Puig ha vuelto a recordar que el Tajo-Segura es "un asunto complejo porque viene de muy lejos e históricamente ha habido confrontación territorial" respecto al uso del agua trasvasada. Ha defendido que su gobierno lleva desde 2015 intentando huir de las "guerras" y el "barro", además de pedir que este proceso se aborde desde la racionalidad e incluya medidas de futuro para la agricultura mediterránea.
También ha reconocido que el Tajo debe estar "en plenas facultades" y ha asegurado que nadie está más de acuerdo con eso que las regiones receptoras del agua de este río. Ha vuelto a exigir que el agua depurada de la Comunidad de Madrid ayude a "revitalizarlo" y que la desalada tenga un precio justo para los regantes, además de resaltar el "enorme esfuerzo" de la Comunitat y de Murcia por la reutilización de los recursos hídricos.
La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez,ha defendido la actuación del Ejecutivo, que según ha indicado ha preparado unos informes "que han sido aprobados por la mesa del agua" y elevados al Consejo de Estado.
Asimismo ha sostenido que lo que trata de hacer el Gobierno Central es poner al río Tajo un nivel de caudal ecológico que no tenía hasta ahora "para dar cumplimiento a la normativa europea y a las sentencias del Tribunal Supremo", ha explicado. "El presidente de la Generalitat valenciana defiende el interés de su comunidad autónoma y el Gobierno, del conjunto de nuestro país", ha respondido.
Rodríguez ha hecho estas declaraciones después de que Puig anunciara este martes que pretende presentar alegaciones ante el Consejo de Estado sobre el trasvase Tajo-Segura.
El presidente valenciano también exigió al Ejecutivo de Pedro Sánchez mantener el precio del agua desalada y expresó su "rechazo frontal" a la decisión del Ministerio de Transición Ecológica de anular la subvención que venía concediendo al agua desalada que usan los regantes de la zona y que supondrá triplicar los precios de la misma.
La ministra ha destacado asimismo la inversión por parte del Gobierno de 650 millones de euros en desaladoras, que a su juicio van a garantizar la buena gestión de los recursos hídricos "también para el sector de la agricultura" en esta zona.
