Foto: AVETICEl tejido empresarial español está principalmente conformado por pymes y por autónomos. El número total de pymes y autónomos en España asciende a 3,4 millones. Aquí incluimos, empresas medianas (de 50 a 249 empleos), empresas pequeñas (de 10 a 49 empleos) y microempresas (hasta 9 empleos). Representan el 99 % del número de empresas en España. Incluso si excluimos las empresas medianas, el porcentaje de empresas pequeñas y microempresas prácticamente no varía respecto al total.
Sin duda, el crecimiento del tamaño de nuestras empresas es un reto y una necesidad.
Efectivamente, las empresas más pequeñas tienden a mostrar una productividad más baja, lo que hace que los salarios sean menores, resultando más gravoso los salarios mínimos, junto a un menor aprovechamiento de las economías de escala, una financiación a tipos de interés mayores, una menor capacidad para exportar, etc. Problemas todos ellos que se verían mitigados o atenuados mediante el crecimiento empresarial.
En los últimos años se viene apreciando y así lo acreditan las encuestas y los estudios de Cepyme que la hiperinflación de normas tributarias, contables, laborales y de facturación electrónica suponen un lastre para el crecimiento de las pymes. Sin ir más lejos, en 2022 se aprobaron 849 normas estatales, 340 autonómicas y 2.249 comunitarias.
Hasta el punto que ello ha llevado incluso a una manifestación de queja por parte de Cepyme alegando nada más ni nada menos que una posible vulneración del artículo 38 de la Constitución que reconoce textualmente la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado.
En su manifiesto por la libertad de empresa, Cepyme pide una menor injerencia del Gobierno en el funcionamiento y organización interna de la empresa, citando como ejemplos que coartan la flexibilidad, la elevación del coste del despido, la ampliación de las causas de nulidad de los ceses o la intervención de las nóminas a través del salario mínimo.
En otras palabras, el 37% de los líderes empresariales consideran que el riesgo regulatorio (aquí incluyen las regulaciones relacionadas con la sostenibilidad y la inteligencia artificial) supone el mayor reto para sus empresas.
En el marco de este escenario de sobrerregulación, y centrándonos en el ámbito de la facturación, necesidad y obligación que afecta a todas y cada una de las empresas, destacan dos normas que van a tener un impacto importantísimo en las mismas durante los próximos meses, la Ley Antifraude (pretende garantizar la integridad y trazabilidad de las transacciones) y la Ley Crea y Crece (enfocada a la modernización de los procesos empresariales mediante la tecnología y la digitalización).
El hito más importante que se desprende de ambas normas es la obligación de la emisión de factura electrónica para todas las empresas a partir del 1 de julio de 2025.
Esta obligación de utilizar un software de facturación certificado va a ser obligatoria para todas las empresas y los autónomos que emitan facturas utilizando sistemas informáticos.
Para quien se pregunte que es un software de facturación certificado podríamos decirle de forma breve y sencilla que es un tipo de software que cumple con los requisitos establecidos por la AEAT para garantizar que las facturas y registros contables generados sean inalterables y seguros.
Por tanto, todas las empresas deben empezar ya a seleccionar un software de facturación electrónica que cumpla con los requisitos legales, además de formar a sus empleados y adaptar los procesos contables y comerciales a la nueva normativa. Es decir, un sistema informático que tenga la consideración de "sistema de emisión de facturas verificables" o "VERI*FACTU".
A estos efectos, la AEAT tiene ya redactado un Proyecto de Orden con un Reglamento de desarrollo de toda esta parafernalia con una parte dispositiva más un anexo de ¡¡58 páginas!!
Quizá alguien pueda pensar que esta abrumadora normativa que se nos viene encima solo va a afectar a las empresas productoras o comercializadoras de sistemas y programas informáticos de facturación, sin embargo, la condición de usuarios y responsables del cumplimiento recae sobre todas las empresas y autónomos.
No cabe duda de que la factura electrónica mejora la eficiencia, reduce errores, facilita el seguimiento de pagos y cobros y mejora la transparencia fiscal entre empresas y la Administración, pero ello va a generar unos costes de adaptación sobre todo en las empresas y en los negocios más pequeños donde la digitalización todavía está en fase más incipiente y pueden necesitar un mayor periodo de adaptación y ayuda. Digitalización, Sí, ma non troppo o piano-piano. La digitalización no es invulnerable (caída de Microsoft 19/7/2024).
Antonio Ballester Sánchez es CEO de Vitruvio consultores
