Echemos la vista atrás. Año 2011. El PP arrasa en las elecciones generales y autonómicas. José Ignacio Wert es nombrado ministro de Educación. María José Catalá, consellera d’Educació. Un año después el primero anuncia un recorte en inversión del sistema educativo de un punto del PIB (10.000 millones). La segunda despide a miles de profesores y profesoras del sistema público y comienza la que será, hasta el momento, su 'obra magna’: el recorte de más de un tercio del presupuesto educativo. La ciudadanía sale a la calle por millares. Los profesores van a la huelga. Catalá no hace caso.
2013. Para entonces solo un colegio público aparece en el top ten de los centros más demandados de la Comunitat Valenciana. Se agrava así una degradación que evoluciona hacia la esclerosis de la escuela pública, a la que se le cierran aulas y concentra el grueso de despidos entre el profesorado. El proceso se mantiene hasta la caída en 2015 de un Consell, el del PP, que había puesto a la ciudadanía valenciana a la cola en prestación de servicio sociales.
2021. De los diez centros más demandados en la Comunitat Valenciana, siete son públicos, de los cuáles cuatro están entre los primeros escogidos por madres y padres. Un auténtico vuelco a la estadística. ¿Qué ha pasado?
Acostumbrados a un debate político-mediático que pone siempre el foco en lo presuntamente urgente dejando de lado lo realmente importante, conviene hacer un repaso como el de arriba para poner en valor a todo el colectivo (profesorado, alumnado, familias, etc.) que conforma hoy la educación valenciana. La familia educativa valenciana es la protagonista de un esfuerzo que en los últimos seis años ha supuesto la dignificación de los centros de enseñanza de nuestra tierra en lo que está siendo un proceso de reconstrucción que quizás ha quedado enterrado a lo largo de los últimos seis años entre titulares de olas pandémicas, DANAs y temporales, sentencias a partidos, elecciones múltiples, polémicas estériles, suflés y processos varios…
Y lo que ha pasado en nuestro sistema educativo es que desde 2015 se han incorporado cerca de 10.000 profesores al sistema, entre otros varios factores. Somos la única autonomía que no ha despedido al refuerzo del profesorado contratado durante la pandemia. Este año las ratios alumnado-profesorado se reducen dejando -por ejemplo, en Primaria- una ratio media de alumnos en una horquilla de entre 25 y 21 por aula. Muchos centros podrán apostar así por el aula con dos profesores. Desciende la natalidad y se contrata más profesorado.
Hace mucho tiempo que algo se mueve en nuestras escuelas. Y la ciudadanía lo percibe. No es solo la red de libros gratuitos creada con Xarxa Llibres, que enseña al alumnado a cuidar y compartir los libros de texto. También es el Pla Edificant, con el que este año se prevé acabar el curso con 16 centros más que el año pasado (de los 136 proyectos de obra que ya están en marcha). O las becas comedor, las aulas gratuitas de dos años… Acciones que demuestran que la filosofía que emana desde la Conselleria d’Educació busca acompañar a nuestro alumnado y su entorno inmediato, hacerles más fácil y digno su camino formativo. 2021-2022 será también el curso en el que los orientadores educativos pasarán a formar parte de los claustros, cumpliendo así una demanda histórica de la comunidad educativa que vendrá acompañada para este desempeño de un aumento de la plantilla del 37%.
La ristra de datos que explica que la población vuelva a inscribir a sus hijos en centros público es notable. La inversión por alumno entre 2015 y 2020 creció en casi un 30%, y quizás algo tuvo que ver esto con la reducción de un fenómeno educativo tan negativo y en el que hemos llegado a ser punteros en España, como es el abandono escolar prematuro. Haber reducido este porcentaje por debajo de la media española no es cosa fácil en territorio como el nuestro, donde las características de nuestro mercado económico sirven además para catalizar estos procesos de abandono entre los estudiantes de las familias más desfavorecidas.
Siendo la autonomía peor financiada del Estado, el Botànic hace malabares para que la educación pública sea una herramienta para reducir la desigualdad, mejorar la sociedad y la vida de las personas. Esta filosofía, que no debería ser un hecho a celebrar sino una norma, no está garantizado que se mantenga siempre. Y basta con observar lo que se cuece en Ayuntamientos como el de Alicante, donde PP y Ciudadanos se permiten hasta rechazar medio millón de ayudas para extraescolares de la Conselleria mientras suben los precios de las escuelas municipales “para no hacer competencia a las empresas privadas” (tal cual lo explicó el concejal del ramo y ojiplática sigo) o renunciar a reformar varios colegios a través del Pla Edificant. En Alacant, Catalá y Wert resisten.