CASTELLÓ. Quimialmel SA, la empresa constituida en 1977 por Fernando Quintana y José Almela y dedicada al mercado de materias primas del sector cerámico, ha iniciado la vía judicial para asegurarse la regularización durante más tiempo de su centro logístico de 40.000 metros cuadrados implantado en Castelló hace casi treinta años. La compañía inició en 2019 el trámite para obtener una Declaración de Interés Comunitario (DIC) que les permitiera la permanencia durante 30 años, pero la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón tan solo lo aprobó para 10 años en base a un informe del Ayuntamiento de Castelló. La decisión ha llevado a Quimialmel a recurrir ante el Contencioso-Administrativo para revocar esa decisión que recorta en veinte años sus expectativas.
La empresa ocupa una parcela de casi 40.000 metros cuadrados en suelo no urbanizable en la partida Magdalena, entre la N-340 y la AP-7 en el término de Castelló. En ella, se levantaron construcciones (una nave, silos, laboratorios, etc.) donde se desarrollan, desde hace años, actividades industriales de almacenamiento, manipulación y envasado de productos químicos y minerales para su venta al por mayor.
En 2019, Quimialmel inició el proceso para solicitar la DIC al amparo de la disposición transitoria 15 de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Protección del Paisaje de la Comunitat Valenciana (Lotup), un procedimiento extraordinario para la regularización de actividades industriales preexistentes, ubicadas en suelo no urbanizable, entre otras tipología, y en funcionamiento desde antes de 2014. En su solicitud añadía además que las instalaciones cuentan con resolución de impacto ambiental desde julio de 2005 y con autorización de productor de residuos peligrosos desde 2006.
Cabe recordar que una DIC es un instrumento excepcional por el que se autoriza, en un suelo no urbanizable, un uso distinto del previsto inicialmente para el mismo. La empresa solicitó un plazo de vigencia a 30 años, el máximo permitido, dada la "magnitud de las inversiones efectuadas en las instalaciones y a la necesaria amortización de las mismas". En su informe, Quimialmel fija el importe de las construcciones, instalaciones y servicios en 6,4 millones de euros.
Además, la empresa defiende en su petición que la actividad ha supuesto "una generación de empleo continua" para la economía de la capital de La Plana, pasando de una media de 49 empleos en 2012 a 77 en 2018. Asimismo, apuntan que desde esas instalaciones se produce para un total de 716 clientes nacionales, 45 clientes comunitarios y 22 extracomunitarios.
Quimialmel obtuvo finalmente la Declaración de Interés Comunitario favorable en la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón del 28 de octubre de 2022, pero con una vigencia a 10 años (hasta octubre de 2032) en base a un informe emitido por el Ayuntamiento de Castelló. La empresa recurrió la decisión y la Comisión Territorial ratificó en julio de este año el plazo de 10 años.
Quimialmel presentó un recurso de alzada que ha sido también desestimado, con fecha del pasado mes de septiembre, por la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación del gobierno autonómico. Tras agotar la vía administrativa, la compañía ha presentado un recurso ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Castellón contra la decisión de Urbanismo y contra el Ayuntamiento de Castelló para revocar el plazo de diez años y lograr una autorización por más tiempo.