Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA (EFE). En los últimos días el Gobierno ha anunciado actuaciones para impulsar 93.000 viviendas sociales o de alquiler asequible, de nueva construcción o a rehabilitar, financiadas por los fondos europeos o cedidas por la Sareb. ¿Cómo y dónde están estas casas? Esta es la radiografía.
De ellas 35.000 están ya edificadas y 15.000 se levantarán nuevas en suelos de su propiedad, que venderá o cederá a comunidades autónomas y ayuntamientos.
De esas 35.000 que ya existen, 21.000 se quieren vender o ceder a las comunidades (administraciones sobre las que recaen las competencias de vivienda) para uso social, mientras que otras 14.000 ya se encuentran habitadas, buena parte ocupadas ilegalmente, por lo que se trataría de regularizar su situación.
Respecto a las cerca de 21.000 que el Gobierno pretende traspasar a comunidades y ayuntamientos, 9.000 ya están disponibles y 12.000 se encuentran pendientes de obras de finalización y habitabilidad.
Precisamente el pésimo estado de estas viviendas, junto a su ubicación en zonas sin demanda son los puntos débiles de este plan, según ha alertado el sector inmobiliario, si bien desde el Ministerio de Asuntos Económicos garantizan que la Sareb pondrá en venta esas viviendas "en perfecto estado", tras la adecuación correspondiente.
El portal Idealista asegura que el 60 % de las casas de la Sareb están en zonas de "baja demanda" y el 3 % en lugares con demanda "muy baja"; frente al 27 % que está en áreas de "alta demanda" y el 10 %, de "muy alta demanda".
La distribución territorial de estas 21.000 viviendas es la siguiente: Valencia, 4.950; Cataluña, 3.539; Castilla y León, 2.288; Murcia, 2.093; Andalucía, 2.040; Castilla-La Mancha, 1.534; Galicia, 1.285; Cantabria, 611; Aragón, 580; Madrid, 455; La Rioja, 388; Extremadura, 305; Canarias, 303; Asturias, 171; Baleares, 120; País Vasco, 81 y Navarra, 25.
En cuanto a los suelos que la Sareb quiere vender o ceder a las comunidades para que construyan otras 15.000 viviendas en alquiler asequible, un 60 % se concentran en el arco mediterráneo, principalmente en Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía.
Según Idealista, el 80 % de estos suelos está en municipios donde la demanda de alquiler es "baja o muy baja".
En total, la Sareb -creada hace once años para comprar activos inmobiliarios problemáticos de cajas y bancos quebrados en la crisis financiera de 2008- presenta una cartera de inmuebles de hasta 46.542 viviendas construidas y 24.619 unidades de suelo disponible.
El objetivo de la vicepresidenta económica Nadia Calviño, que controla la gestión de la sociedad desde hace un año, es "aprovechar el cien por cien" de estos activos para "reconstituir" un parque público de vivienda en España.
Además de las viviendas de la Sareb, el Gobierno ha anunciado una línea ICO dotada con 4.000 millones de euros de los fondos europeos Next Generation, para financiar otras 43.000 viviendas sociales, que serán de nueva construcción y también rehabilitadas.
Todas las actuaciones financiadas deben cumplir condiciones de eficiencia energética, ser viviendas destinadas a alquiler social o alquiler asequible y con cesión de uso durante al menos 50 años.
La Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) ya ha advertido de que, para que la iniciativa privada se involucre, la rentabilidad de estos proyectos debería oscilar entre el 6 % y el 8 %, con los tipos de interés actuales.
La creación de un parque público de vivienda está recogida en la Ley por el Derecho a la Vivienda que están a punto de aprobar en el Congreso el PSOE, UP, ERC y Bildu.
Esta ley, a falta de su aprobación definitiva el próximo mes de mayo, marca el objetivo de elevar el número de viviendas sociales hasta un 20 % del parque total en un plazo de 20 años, lo que significaría contar con 4,6 millones más de las que hay actualmente.
La ley de vivienda orienta además a las comunidades a impulsar la existencia de "viviendas asequibles incentivadas", con limitaciones específicas de destino durante un tiempo determinado y unos límites máximos de precios de alquiler.
Esta nueva tipología de vivienda podrá ser de nueva promoción o bien tratarse de viviendas ya existentes.
Asimismo, para potenciar la vivienda protegida en alquiler a precio limitado la ley obligará (con excepciones) a reservar al menos un 40 % de la edificabilidad residencial prevista en el suelo rural que vaya a ser urbanizado y el 20 % en el suelo urbanizado que vaya a someterse a actuaciones de reforma o renovación.
