CASTELLÓ. La empresa pública de tratamiento de residuos de la zona centro de la provincia de Castellón, Reciplasa, va a llevar a cabo una auditoría para conocer los requisitos medioambientales y de seguridad en sus instalaciones de Almassora y Onda, así como en los vertederos de esta localidad y de Tales. El presidente de Reciplasa, Ignasi Garcia, explica que el estudio medioambiental "es un requisito legal y lo hemos ampliado con la evaluación de seguridad para garantizar en todo momento que cumplimos con los indicadores de calidad. Vamos a revisar a fondo las instalaciones de Reciplasa para mejorar en aquello que sea necesario con las inversiones de más de 40 millones de euros que hemos empezado a acometer para modernizar nuestras infraestructuras y adecuarlas a los tiempos y a las más exigentes normativas europeas".
Garcia explica que sobre la planta "ya se hizo una auditoría de control y seguridad cuando se inició el contrato y, posteriormente, se han hecho estudios periódicamente, pero no con el nivel de detalle que se va a efectuar ahora; en cuanto a la auditoría ambiental, viene marcada por la nueva exigencia de la Ley de Responsabilidad Medioambiental (LRM)".
Por ello Garcia destaca que están afrontando "un momento clave para la entidad pública de gestión de residuos de la zona centro de Castellón, por lo que es un verdadero reto, ya que tenemos la voluntad de reducir los costes económicos y ecológicos de la gestión de la basura, adaptándonos a las normativas europeas más exigentes y adoptando las soluciones más eficientes para el proceso, tal y como viene contemplado en el plan de gestión que se aprobó en su momento por unanimidad en el Consorcio C2 al que da servicio Reciplasa". En este Consorcio está representada la Generalitat Valenciana, la Diputación de Castellón y los 46 municipios a los que el ente da servicio.
Así, la auditoría ambiental contempla la comprobación del estado de las instalaciones en cuanto a los requisitos legales de carácter ambiental identificados; la evaluación del grado de cumplimiento de estos requisitos; la revisión de la documentación y los registros asociados y el análisis de riesgos medioambientales.
Por su parte, la auditoría técnica de seguridad pretende: comprobar el estado de conservación de las instalaciones y los equipos; comprobar el cumplimiento de los indicadores de calidad-disponibilidad de las obligaciones documentales establecidos para el servicio de explotación; revisar y controlar el cumplimiento de los planes de mantenimiento; revisar los planes de reposición de los elementos, instalaciones y equipamientos de las plantas y analizar la vida útil y plan de reposición de las instalaciones y los equipos.
Después de un proceso de licitación, la empresa Applus Control ha obtenido el contrato para llevar a cabo estos trabajos por 14.920 euros. Estos estudios vienen motivados por la obligación de la empresa pública de constituir una garantía financiera de responsabilidad medioambiental con anterioridad al 31 de octubre, según se establece en la Orden APM/1040/2017 para las instalaciones con nivel de prioridad 2, en las que se encuentra Reciplasa como vertedero de todo tipo de residuos.