Así lo ha manifestado este miércoles la presidenta de Crue y rectora de la Universitat Jaume I (UJI), Eva Alcón, en una reunión con el ministro de Universidades, Joan Subirats, en la que le ha trasladado la preocupación de las universidades ante "el grave problema de la insuficiente financiación pública que se arrastra desde los recortes de 2012".
Alcón ha calificado la situación de "urgencia" y ha pedido a Subirats que se detalle "con la mayor brevedad" el compromiso de las distintas administraciones para alcanzar el incremento, como mínimo, hasta el 1% del PIB nacional que fija la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y que supondría un aporte extra para las universidades públicas de más de 3.000 millones anuales.
La presidenta de los rectores ha acudido al encuentro con el presidente de Crue i+D+i y rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde; y el presidente de Crue-Profesorado y rector de la Universitat de Barcelona, Joan Guàrdia.
En la reunión, Alcón ha reconocido la complejidad del problema, como consecuencia del modelo autonómico y de su reparto de competencias, en el que las comunidades autónomas "son las principales responsables" de la financiación ordinaria anual de las universidades, pero también que "nada impide desplegar programas estatales de financiación al sector con objetivos específicos".
Desde las universidades, ha asegurado la rectora de la UJI, se entiende que "debe ser una prioridad" la asignación de recursos del Estado a las CC.AA. para prestar los servicios de educación universitaria y garantizar los principios de igualdad de oportunidades y de equidad.
Financiación plurianual
Antes del encuentro, ha tenido lugar otra reunión en la sede de este Departamento entre representantes del Ministerio y del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) y la presidenta del Grupo de Trabajo para la Financiación universitaria de Crue, la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro. El objetivo de este encuentro era conocer el estado del informe encargado el pasado mes de marzo al Ivie sobre el desarrollo de los instrumentos de programación plurianual por objetivos.
La financiación plurianual es una reivindicación histórica de Crue y la nueva ley puede ser una oportunidad para ponerla en práctica. Por ello, los pasados 31 de agosto y 1 de septiembre esta asociación convocó en Santander a rectores, responsables universitarios y autonómicos, expertos europeos en el desarrollo de marcos de financiación en sus respectivos países y miembros del Ivie para que analizaran los instrumentos de programación plurianual por objetivos.
Crue recuerda que la propia LOSU habla de una financiación estructural, basal, que garantice a las universidades públicas suficiencia financiera para poder ofrecer el servicio público de Educación Superior y el establecimiento de unos indicadores u objetivos para poder incrementar la inversión pública.
Por otro lado, Eva Alcón ha trasladado a Joan Subirats la preocupación por la "inseguridad jurídica" en la aplicación de la Orden HFP/55/2023, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y por los problemas generados con el anticipo a cuenta de los fondos propios de las universidades de las indemnizaciones de los contratos predoctorales y de acceso al Sistema de Ciencia, así como con la asunción de la cuota patronal de la seguridad social del personal investigador beneficiario de las ayudas para la recualificación del sistema universitario.
También han hablado de la "falta de datos" actualizados para la elección de las comisiones de selección de personal que contempla la LOSU y de las dudas que hay con la contratación del profesorado sustituto.