Un Real Decreto aprobado por el Gobierno, obliga a agencias de viajes, hoteles y empresas de alquiler de coches a comunicar a las fuerzas de seguridad datos como tarjetas bancarias, transacciones de pago, GPS de vehículos o filiación de los huéspedes. Las empresas, además, son responsables de la veracidad de los datos.
El objetivo, supuestamente, es un refuerzo de la seguridad, pero los empresarios no entienden que se les obligue a recabar de sus clientes tal cantidad de datos y no han encontrado respuesta a su petición al Ministerio del Interior para que modifique la norma. Tampoco el Ministerio de Turismo ha dado ninguna explicación al sector.
Hablamos de ello con Nuria Montes, secretaria general de la patronal hotelera Hosbec y Francesc Colomer, secretario autonómico de Turismo.
