En julio de 2020, el Consejo Europeo acordó, ante la catástrofe que estábamos sufriendo a nivel mundial, crear un instrumento excepcional de recuperación, los Next Generation EU, dotado con 750.000 millones de euros.
Este fondo busca garantizar una respuesta europea coordinada con los Estados Miembros para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de dicha pandemia. Asimismo, es importante resaltar que algo más de un 50% (390.000 millones de euros) serán transferencias no reembolsables. Por tanto, nuestro país recibirá la friolera de 140.000 millones de euros, de los cuales 60.000 millones serán no reembolsables.
Esta lluvia de millones se pretende acelerar a través de los conocidos PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica), instrumentos de colaboración público-privada que necesitan la implicación tanto de las administraciones como de las empresas. Dentro de estos proyectos, el Consejo de ministros aprobó en marzo del vigente año el PERTE dedicado al agua y saneamiento, una iniciativa que no deja lugar a dudas sobre el futuro de nuestro sector: PERTE de digitalización del ciclo del agua.
En este punto es importante recordar que ya tenemos -desde 2015- una hoja de ruta hacia la sostenibilidad donde el agua y saneamiento queda enmarcado con el número 6 como objetivo propio en los ODS definidos por las Naciones Unidas: lograr un acceso universal y equitativo al agua potable y a servicios de saneamiento e higiene adecuados, así como mejorar la calidad del agua a nivel global.
En este sentido, la telelectura con contadores inteligentes ofrece innumerables ventajas mediante software y algoritmos para tratar los datos. La posibilidad de disponer de un mayor número de datos de consumos de agua permite una mayor sensibilidad en la detección de fugas, tan necesarias ante el estrés hídrico que sufre el país, agravado por los periodos, cada vez menos predecibles, de sequías e inundaciones.
De la misma forma, el área de saneamiento, desde siempre el gran olvidado dentro del ciclo integral del agua, se nos presenta como el de mayor porcentaje de subvención, con numerosas posibilidades tecnológicas: control de caudales, calidad de alivios o herramientas de gestión de las redes.
Desde Facsa venimos prestando todas estas soluciones bajo la marca Waternology, buscando la gestión inteligente del ciclo integral del agua en torno a cuatro ejes fundamentales: ciberseguridad, transparencia, innovación y sostenibilidad.
El principal objetivo que debemos tener todos los agentes económicos y sociales es ponernos manos a la obra para poder canalizar y coordinar la gestión y que el presupuesto pueda ejecutarse en tiempo, forma y calidad en los próximos años. Será fundamental para ello que la colaboración pública privada se centre en la esencia del acuerdo: que cada participante pueda ocupar aquel espacio en el que ofrezca lo que mejor sabe hacer. Por un lado, necesitamos que exista la voluntad política de lanzar proyectos y por otro que las empresas aporten valor añadido: innovación, eficiencia, calidad del servicio, tecnología… No en vano, como ya nos indicaba el catedrático Oriol Amat de la Universidad Pompeu Fabra, existe una correlación positiva entre el peso de la colaboración público-privada sobre el PIB con un mayor nivel de bienestar, estando países como Holanda y Finlandia, con un aproximado 20 % s/total, 6 puntos por encima de la media de la OCDE (España un 10 %).
Tampoco podemos obviar la realidad que tenemos en España, y es que el reto es todavía más mayúsculo si cabe porque de los aproximadamente 8.000 municipios que existen en el territorio nacional, cerca de 7.000 tienen menos de 5.000 habitantes y, alrededor de 5.000, tienen menos de 1.000 habitantes. Por ello desde Facsa -empresa con más experiencia en el ciclo integral del agua que el próximo año celebra su 150 aniversario- siempre hemos apostado por la proximidad con el cliente como uno de nuestros pilares. En este sentido cabe destacar que estamos implantados en prácticamente todo el territorio nacional mediante delegaciones y con una estructura eminentemente plana que permite abarcar y solucionar los incidentes del día a día de forma ágil y eficiente, apostando siempre por tecnología de vanguardia.
Ante esta tesitura, la colaboración público-privada se nos presenta como la única opción viable que permitirá unir a las AAPP, las empresas y el ciudadano. Pero, sobre todo, debemos apostar por una colaboración público-privada de calidad, a través de contratos de largo plazo, sostenibles a nivel financiero y que garanticen la participación de los mejores players para que objetivos como la sostenibilidad, la recuperación y la transformación sean desde ya una realidad.
Vicente Lluesma Guillen es director del área financiera de Facsa