La queja y el lloriqueo suelen ser signos de debilidad, de incapacidad para conseguir un propósito.
Hace ya muchos años que aquellos que nos gobiernan, gimen y repiten hasta la saciedad, que hacen cuanto pueden para conseguir un trato justo para la Comunidad Valenciana. Queja y lloriqueo para exculparse y poder seguir gobernándonos.
No seré yo quien aluda al manido agravio comparativo que tan instalado está en el panorama de la España autonómica, pues son todas las comunidades, quienes bajo la excusa de agravios históricos que provienen de Dios sabe dónde y desde cuándo, pretenden sorber fondos del Estado sin que nadie se atreva, ni en el fondo quiera, definir cuáles son los derechos y las obligaciones propias o impropias de las autonomías.
Ineficacia e imprevisión son los ejes sobre los que pivota la cuestión.
Ineficacia por no saber administrar los recursos disponibles e imprevisión pues, al no tener definidas con claridad las atribuciones y medios necesarios para llevarlas a cabo, la financiación autonómica va adecuándose, como buenamente puede, a medida que arrecian las protestas e intereses de cada una de ellas sin llegar a alcanzar el objetivo final que permanece en un limbo desconocido.
Pero me permito el lujo de hablar de mi tierra.
Comencemos por el principio: constatamos que las relaciones de los diferentes gobiernos, Central y Autonómico (Generalitat Valenciana) han sido y siguen siendo cuanto menos difíciles (soy benévolo en mis expresiones).
Y no me voy a centrar en aquello de que si en los Presupuestos Generales (la caja negra por excelencia de la Administración Central), las inversiones del Estado en la Comunidad Valenciana son sensiblemente inferiores a las de otras Comunidades como, por poner un ejemplo sobradamente conocido, la de Cataluña, que lo es, o la del País Vasco que cuenta con una normativa específica favorable a sus intereses egoístas rompiendo aquello de la igualdad de los españoles.
Tiempo tendremos para hablar de la cuestión.
No, mi queja nace dos cuestiones objetivas. Una: por primera vez en mucho tiempo nuestro P.I.B. es inferior al de la media española. Dos: del miserable nivel de ejecución de los pobres y desnutridos presupuestos del Estado para la Comunidad Valenciana pese a la cuestión anterior. Y una subjetiva que es la desidia o falta de convicción de nuestros gobernantes en la defensa de las inversiones necesarias para una mejor vida de "nosotros los valencianos" unida a un notable desapego hacia nuestras tradiciones.
Sí. Aquí nos cuesta años ampliar el puerto de Valencia, pilar esencial de la economía valenciana que se fundamenta, entre otras actividades, en nuestra tradición comercial, aún sabiendo que ha de ser el elemento articulador de nuestro siempre complejo y abrupto territorio y la rótula sobre la que basculará nuestro futuro. Y podemos hablar de la defensa del medio ambiente al que siguen sin aportarse los esfuerzos económicos y las técnicas necesarias para regenerar la moribunda Albufera. Y del declive de la agricultura ligado a la enorme extensión de territorio baldío Y del túnel pasante siempre dotado de presupuesto y jamás realizado. Y de la distribución solidaria del agua de todos los españoles. Y...
Harto ya de estar harto me atrevo a pedirles a nuestros dirigentes que, al menos, nos dejen tranquilos en lo que a nuestra cultura histórica se refiere, de las costumbres, usos y fiestas, y de la libertad en la educación y del uso de la lengua tradicional valenciana, pues son uno de nuestros mayores activos presionados, de un tiempo a esta parte, por tantos intentos foráneos financiados por agentes externos a los propiamente valencianos.
Y no quiero finalizar sin hacer mención de lo que está sucediendo con el Derecho Civil Valenciano, que está obviado y arrinconado por sus señorías cortesanas que andan enzarzados en sus cuitas, mientras la mayor parte de los Ayuntamientos y entidades de la sociedad civil reclamamos, con práctica unanimidad, la recuperación de nuestra mejor tradición. Un triste ejemplo.
Desolados, vemos que poco o nada les interesa nuestra legítima reivindicación tanto a los grandes partidos como a los minoritarios, incapaces, como socios del gobierno que son, de plantar cara al poder que les sustenta.
Da la impresión que, para todos ellos, nuestro Derecho Civil es algo que no merece siquiera ser tenido en cuenta ya que sólo atañe a esas gentes del Mediterráneo que siempre han defendido la unidad de España, sin por ello perder en absoluto, su idiosincrasia e identidad histórica. Saben bien que por ello no crean problemas, y que les son útiles, faltaría más, para cotizar y ayudar a la materialización de sus injustificados gastos.
Por lo que se ve, sus problemas son otros. Lamento que no sean capaces de entendernos, lamento que no entiendan nada.
Dennos lo que nos corresponde por justicia, de acuerdo con la voluntad mayoritariamente expresada por la sociedad valenciana.
Nosotros, valencianos, todos juntos y uno a uno, tenemos el derecho a ser respetados.
Fernando Mut es arquitecto y presidente de Societat Civil Valenciana