VALÈNCIA. Acciona, Rover, FCC, Torrescamara, Bertolín, Becsa o Sacyr son algunas de las empresas que han presentado oferta para adjudicarse las obras del canal de acceso de València. Un contrato, por valor de 453,7 millones de euros, que contempla el soterramiento de todas las vías a las estaciones de Valencia Nord y Joaquín Sorolla, prolongando los túneles del nudo sur, y la remodelación de la estación del AVE.
Un 'macrodesarrollo' que ha suscitado gran interés tanto por parte de firmas valencianas como de grandes compañías nacionales del sector de la construcción. Y es que esta obra urbanística y ferroviaria es esencial para la capital valenciana porque supone desatascar un gran nudo ferroviario y transformar la trama urbana de la ciudad. A su vez impulsará el Corredor Mediterráneo.
En concreto, se han presentado cinco ofertas, todas ellas de alianzas empresariales en forma de UTE. Así, han pujado Dragados con Rover y Tecsa; Acciona con Comsa y Grupo Bertolín; Obrascón Huarte Lain (OHLA) junto a Aldesa Construcciones, Construcciones Sánchez Dominguez y Becsa; Copasa Azvi SAU Vías con Torrescamara; y Sacyr en UTE con Ferrovial, FCC y Pavasal.
Todas las propuestas han pasado el corte económico porque "superan el umbral mínimo y son ofertas con calidad suficiente en la valoración económica", según consta en la Plataforma de Contrataciones del Estado. Eso sí, por el momento y a falta de cerrar la adjudicación, la oferta de Dragados con Rover cuenta con la puntuación más alta.
La intervención incluye no sólo el soterramiento de las vías de Cercanías y AVE desde la V-30, sino también la ampliación de la estación de Joaquín Sorolla, que en un principio iba a ser provisional pero que, con el incremento de usuarios derivado del desarrollo del Corredor Mediterráneo y la liberalización del sector ferroviario, necesitará más vías.
En este proyecto también se derribará el conocido scalextric -el viaducto de Giorgeta- y se liberará por completo el espacio que ahora ocupa la playa de vías en superficie. La idea es adjudicar en enero de 2023 la actuación para en el primer trimestre del próximo año poner la maquinaria en marcha con vista a culminar en 2027 esta compleja actuación. Entonces sería el momento en el que el Ayuntamiento de València pueda empezar con la urbanización del futuro bulevar García Lorca, sobre el canal de acceso.
Este verano la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y el alcalde de València, Joan Ribó, suscribían el convenio para acometer la intervención que se dividirá en nueve fases diferenciadas.
Arrancará con el cerramiento de la zona de obras y se ejecutarán las expropiaciones necesarias para poder ubicar las siete instalaciones temporales previstas, así como para las zonas afectadas por la actuación. A partir de aquí, los constructores deberán construir en cinco años las vías ferroviarias bajo el suelo manteniendo el tráfico de trenes habitual en superficie.
Entre las actuaciones están el soterramiento del nudo ferroviario situado en las proximidades del hospital La Fe, hasta el norte, en la Estación Joaquín Sorolla, que culminará las obras en el extremo del canal de acceso. En la estación, de hecho, se construirán nuevos andenes, se remodelarán las instalaciones y se ampliará el aparcamiento aprovechando la demolición del viaducto de Giorgeta.
El proyecto cuenta con inversión total de 550 millones de euros y está financiada al 50% por el Gobierno central, y la otra mitad, a partes iguales entre la administración autonómica y la municipal. Así, las dos administraciones valencianas invertirán 132,92 millones cada una y Adif, 265,85. Asimismo, está previsto que 163 millones vayan a cargo de los fondos europeos Next Generation.
Solo la obra del canal de acceso supondrá 163,85 millones repartidos en cuatro años. El primero se invertirá 23,39 millones (5,85 de Ayuntamiento, otros tantos de la Generalitat y 11,70 del estado); en el segundo, 61,8 millones (15,45 de cada una de las administraciones valencianas y 30,90 de Adif); 53,25 millones el tercer año (13,31 local; 13,31 autonómicos y 26,63 estatal) y 25,4 para el último (6,35 de Ayuntamiento, 6,35 de la Generalitat y 12,70 del Estado). En total, Generalitat y Ayuntamiento invertirán 40,96 millones cada uno en el canal de acceso y Adif, 81,93 millones, según se fijó en el convenio.
Lo cierto es que esta licitación se ha demorado algo más de lo previsto después de que la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) la impugnara por incluir en su pliego de condiciones unas cláusulas que los empresarios consideraban "abusivas". De hecho, no era el único contrato de Adif parado con un recurso, ya que los contratistas recurrieron varias licitaciones que también recogían esos puntos.
El punto de fricción era la introducción de una cláusula por parte de Adif referente a los motivos e incumplimientos que puede incurrir el contratista y que comportan a la resolución del contrato. Una exigencia sobre "obligaciones esenciales y condiciones de ejecución del contrato que son incompatibles con el ordenamiento jurídico", "arbitrarias y que generaban inseguridad jurídica", criticaban los empresarios, y que les llevó a recurrir la licitación ante el el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC).
El Tribunal admitió el recurso y decidió suspender la convocatoria retrasando su tramitación. Sin embargo, y tras varias negociaciones, finalmente el gestor ferroviario decidía suprimir del pliego los requisito que habían generado malestar entre los contratistas, lo que permitió el desbloqueo de este desarrollo.
