Durante los últimos meses se ha ido recrudeciendo el debate entre los economistas sobre las consecuencias que, supuestamente, están teniendo o tendrán las políticas expansivas desplegadas para atenuar la crisis económica derivada de la Covid-19. Concretamente, los más férreos partidarios de la ortodoxia neoclásica han vaticinado una espiral inflacionista similar a la que se produjo en los años 70 y que supuso un duro revés a las políticas keynesianas sostenidas desde el final de la II Guerra Mundial. El pasado mes de agosto el ex ministro de finanzas alemán Wolfgang Schäuble, uno de los grandes responsables de la crisis de la Eurozona durante la pasada Gran Recesión, advirtió de nuevo de una “pandemia de endeudamiento” y del "peligroso" aumento de la inflación por encima del 2%.
Desde que empezó la crisis en marzo de 2019, estos mismos economistas no han sido capaces de plantear ninguna alternativa a los paquetes de estímulos aprobados por los gobiernos y los bancos centrales de todo el mundo y se han limitado sencillamente a dejar claro que cualquier estímulo presente o futuro les parecerá excesivo y que acabará siendo contraproducente. De hecho, ni siquiera los suyos les han seguido en una retórica que, además de no aportar nada, ha errado hasta el momento en sus pronósticos.
También hace escasas semanas dos economistas del Fondo Monetario Internacional (FMI), Liviu Voinea y Prakash Loungani, publicaron un artículo rebatiendo los vaticinios de dicha espiral inflacionista. Basándose en los datos de los últimos 30 años de los países de la OCDE, señalan que la inflación no se acentuará por el aumento de la demanda porque las familias tienden a restringir su nivel de consumo hasta que logran recuperarse de las etapas adversas. Es decir, no habrá espiral inflacionista mientras los salarios no se recuperen a un nivel precrisis, un escenario todavía lejano. De hecho, para cuando se llegue a dicho umbral, previsiblemente ya se habrán solventado los “cuellos de botella” que están restringiendo el incremento de la oferta en determinados bienes, causa del aumento de precios de los últimos meses que, con todo, sigue manteniéndose en niveles inequívocamente bajos.
El eco que ha tenido su publicación en la prensa española se debe a su conclusión final: El grado en el que se cierre el gap entre los salarios de antes y de después de la crisis depende de ciertos factores, y especialmente del poder de negociación de los trabajadores, el cual se ha ido erosionando durante años en muchas economías de la OCDE. En resumidas cuentas, los sindicatos están demasiado débiles como para presionar por un aumento de los salarios.
No hay espiral inflacionista. Es más, el aumento de precios de los últimos meses no es una consecuencia generalizada de las políticas expansivas sino que está fuertemente focalizado, fundamentalmente en la energía, más claramente en la gasolina y en la electricidad. Ahora bien, la consecuencias de un aumento de precios en dicho sector tienen implicaciones inmediatas para el conjunto de la economía dado que la gasolina y la electricidad son bienes insustituibles, tanto para las empresas como para las familias, y su demanda resulta difícilmente ajustable en el corto plazo. En el mes de junio el Banco de España publicó un polémico informe sobre el impacto de la subida del SMI en el empleo. Hace pocos días, Enric Juliana se preguntaba cuándo se publicará un informe que nos diga cuántos empleos se han dejado de crear como consecuencia de la subida de los costes de la electricidad para las empresas.
Ambas cuestiones, la energía y los salarios, han sido objeto de un intenso debate político en España durante los meses de verano. Lo que es evidente a estas alturas es que sí hay una preocupación sincera por la inflación, debe dirigirse en estos momentos no hacia los salarios de los trabajadores sino hacia una necesaria reforma del mercado eléctrico y a acelerar las inversiones que permitan reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles importados. Las posiciones contrarias a impulsar la creación de operadores públicos en el mercado eléctrico no dejan de ser excusas peregrinas en las que se escudan prejuicios ideológicos. En la mayor parte de países de nuestro entorno existen empresas públicas de energía que, de hecho, en la mayoría de casos fueron creadas por gobiernos conservadores para ofrecer tarifas eléctricas baratas y estables a sus respectivas industrias.
Respecto a los salarios, no solo es que estos no se estén recuperando al ritmo que lo hace la actividad económica sino que la evidencia empírica también nos permite entrever que su recuperación languidece más en el caso de los empleos peor remunerados. Esto viene a significar que los trabajadores más pobres se están quedando de nuevo al final de la cola y que además tienen que cargar con la subida de precios de la electricidad y, en menor medida, de otros bienes. Por eso, la posición expresada por los sindicatos y por la Vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, acerca de la subida del SMI tiene todo el sentido en términos tanto económicos como sociales y obedece al compromiso del gobierno de no dejar a nadie atrás.