VALÈNCIA. A principios de diciembre, el president de la Generalitat, Ximo Puig, anunciaba que la Generalitat, a través de la empresa de suministro de aguas Global Omnium, analizaría antes de Navidad las aguas residuales de los centros residenciales de mayores y de personas con diversidad funcional como parte de la estrategia de detección y control de la covid-19.
Sin necesidad de concurso, Puig asignaba a la compañía liderada por Eugenio Calabuig un contrato que, en aquel momento, nadie fue capaz de explicar cuándo se iba a firmar y por qué importe. Ese mismo día, 3 de diciembre, a preguntas de Castellón Plaza, desde la Conselleria de Igualdad remitían a Sanidad, desde el departamento de Ana Barceló a Presidencia y de ahí, otra vez a Sanidad. Nadie supo o quiso explicarlo.
En el caso de la Conselleria de Sanidad, nadie quiso, porque la adjudicación la había firmado la subsecretaria, Mónica Almiñana, a las 11 de la mañana de aquel 3 de diciembre, según consta en el documento que se ha hecho público ahora. Curiosamente, a pesar de ser un contrato para la lucha contra la covid, no lo firmó la comisionada de la Presidencia de la Generalitat para todos los contratos que tengan que ver con la pandemia, María José Mira.
Se trata de un contrato negociado sin publicidad, es decir, a dedo, a la empresa General de Análisis Materiales y Servicios (Gamaser), laboratorio perteneciente al grupo Global Omnium, propiedad de la familia Calabuig. La justificación del contrato es que "se ha considerado que entre las medidas preventivas y correctivas del control de la pandemia se encuentra el análisis de las aguas" y que, por ello, la Conselleria "considera esencial que se lleve a cabo un estudio de las aguas de los centros sociosanitarios".
El servicio tendrá un coste total de 846.794 euros (699.830 euros sin IVA) y fue asignado por la vía de emergencia, como la gran mayoría de los contratos relativos a la covid. Una urgencia que llega después de más de siete meses en los que varias empresas, no solo la que preside Eugenio Calabuig, han estado realizando este tipo de pruebas.
El servicio comprendía una primera fase de toma de muestras y realización de las determinaciones analíticas por un importe sin IVA de 101.430 euros. Y una segunda fase, el seguimiento de cada uno de los centros analizados, por un importe IVA no incluido de 598.000 euros.
"La empresa contratista deberá proceder, en una primera fase, a la toma demuestras de aguas de todos los centros sociosanitarios de la Comunitat Valenciana, transportándolas a sus laboratorios para la realización de una determinación analítica. De este modo, se conocerá la situación de cada uno de los centros socio sanitarios para posteriormente realizar actuaciones individualizadas en cada uno de ellos. En una segunda fase, una vez obtenida la información, la empresa deberá llevar a cabo un seguimiento de la situación de cada centro analizado", recoge el documento de contratación de emergencia.
A pesar de la firma de este contrato en diciembre, los datos de las residencias no paran de empeorar, al calor de la subida de contagios en el conjunto de la población. Y es que la Comunitat Valenciana tiene en estos momentos brotes activos en un total de 167 residencias de mayores, aunque el 63% de ellos afecta a menos de 10 personas. Esto supone que la mitad de centros tienen contagios y, aunque hay 2.635 afectados, el 90% de las plazas están libres de la covid, según informaba este jueves la consellera de Igualdad, Mónica Oltra.
Como ya contó este periódico, la iniciativa de Global Ominum de analizar aguas residuales no es la única en la Comunitat Valenciana ni es pionera. Tres universidades públicas valencianas y la Conselleria de Agricultura a través del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA-CSIC) iniciaron un proyecto en tal sentido el pasado mes de abril.
Además, la empresa castellonense Facsa (Grupo Gimeno) hizo lo propio con el proyecto Covid Water, que fue uno de los 42 escogidos por la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) en una convocatoria de proyectos de lucha contra la covid a la que se presentaron 300 iniciativas antes del 3 de abril. Facsa colabora en este proyecto con IATA-CSIC, CEBAS-CSIC, la Universidad Jaume I y el Instituto Tecnológico de la Informática (ITI).
