Sanidad asumirá más de un centenar de empleados de las resonancias antes de finalizar el año

VALÈNCIA. La Conselleria de Sanidad asumirá más de un centenar de empleados del servicio externalizado de resonancias magnéticas antes de finalizar el año y tras casi tres de retraso en la recuperación. Tal y como informaba este viernes Valencia Plaza, por fin el departamento de Ana Barceló ha puesto fecha para devolver las pruebas a la gestión pública, lo que supondrá una nueva inyección de empleados en la administración valenciana desde mediados de diciembre.

Según informaba Sanidad este jueves a la UTE Erescanner Salud, que ha gestionado el servicio durante once años, será el 15 de diciembre cuando se revierta el servicio. Mientras, según el proyecto de decreto que regula la asunción del personal, será el día 22 cuando éste se integre como parte de la conselleria, aunque por el momento no se ha comunicado el número definitivo. 

No obstante, tal y como constaba en la contabilización realizada en el marco de la creación de la empresa pública de salud hace unos meses y que finalmente fue desechada, el número ascendía a 117 si se tenía en cuenta a aquellos trabajadores que llevaban trabajando más de un año y de forma presencial en las instalaciones públicas donde estaban instaladas las máquinas que Sanidad decidió quedarse. 

La figura: personal a extinguir

Tal y como se apunta en el proyecto de decreto que se tratará con los sindicatos el próximo 6 de octubre en la mesa sectorial, la figura elegida para realizar el traspaso de personal es la de personal a extinguir por lo que este personal podrá permanecer en la administración hasta que decida marcharse o jubilarse. Se trata de la misma fórmula utilizada para la recuperación del departamento de La Ribera y que también será utilizada en Torrevieja.

La subrogación, y con ello la extinción del contrato de gestión de servicios públicos por concierto para la realización de diagnóstico por imagen mediante equipos de resonancia magnética, discurre paralela al Plan de inversiones en equipos de alta tecnología del Sistema Nacional de Salud (Plan INVEAT), cuestión por la que se declaró de urgencia la reversión tras dos años y ocho meses de demora.

Este Plan de inversiones se aprobó en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado el pasado 30 de julio y, a su vez, se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado por el Gobierno de España el 27 de abril de 2021. La Conselleria de Sanidad Universal recibirá 81 millones de euros para la incorporación de equipos de alta tecnología de diagnóstico y tratamiento de patologías de alta prevalencia que permitirá optimizar la calidad de la asistencia, abundar en la equidad y mejorar el acceso a los servicios de salud de toda la ciudadanía.

El servicio se presta sin contrato desde que finalizó hace tres años y las facturas se pagan mediante expedientes de enriquecimiento injusto, fuera del presupuesto. Sanidad pidió en 2019 a Erescanner Salud una rebaja de las tarifas del 50%, a la vista del amplio margen con el que facturaba y que ya tenía casi todos los aparatos amortizados, pero la UTE solo aceptó bajarlas un 17%.

11 años de beneficio

El fin del servicio privado pone fin a once años que han tenido un alto coste para las arcas públicas y ha generado pingües beneficios a los socios de la UTE, especialmente al Grupo Ascires, que controla el 57% a través de Eresa e Iberdiagnosis. Los otros socios son el grupo propietario de Clínica Benidorm, con el 28,5% a través de Inscanner y Beanaca, y Ribera, con el 14,5%.

En 2016 la entonces consellera de Sanidad, Carmen Montón, anunció su intención de revertir el servicio a la gestión publica cuando acabara el contrato, pero cuando dimitió para ocupar el Ministerio en junio de ese año apenas había avanzado y la nueva consellera, Ana Barceló, no mostró ninguna prisa por culminar el proceso.

Los beneficios durante los primeros nueve años años de contrato -a falta de conocer los de 2020 y 2021- superaron los 146 millones de euros, con una facturación de 512 millones. Los beneficios de 2019 cayeron por una reclamación de 6,5 millones de la Conselleria que obligó a la UTE a provisionar esa cantidad. Las principales beneficiadas han sido Eresa e Inscaner, que además de socios de la UTE son las empresas que realmente prestan el servicio.

La Sindicatura de Comptes advirtió dos veces, en 2013 y 2016, y la Intervención General una más en en 2017, sobre el alto coste económico que para la Sanidad publica valenciana tenía la gestión privada de este servicio.