Sanidad incluye a los sindicatos en la comisión de valoración de puestos especiales

VALÈNCIA. La Conselleria de Sanidad ha incluido finalmente a los sindicatos en la comisión de valoración de la exposición presencial para los puestos que requieran una "especial cualificación, conocimientos específicos y/o experiencia previa" en la categoría A1 y A2 - facultativos y enfermería-. Así re coge en el documento aprobado este viernes en la Mesa Sectorial de Sanidad del proyecto de decreto que regula la selección del personal temporal estatutario de los grupos A1 y A2 para desempeñar su labor en las instituciones sanitarias.

Este proyecto de decreto, que ha contado con el apoyo de CSIF, CESMCV-SAE y SATSE, la abstención de UGT e Intersindical Salud y los votos en contra de CCOO, introduce una modalidad para necesidades específicas del departamento en la que deja abierta la puerta a una contratación en los departamentos de salud que no llegue por bolsa y esté sujeta a un perfil más concreto. Una convocatoria que se hará pública en la web con unos requisitos concretos y que se evaluaría inicialmente con los méritos y una entrevista personal 

Inicialmente, ésta estaba compuesta por la gerencia, el director económico, el jefe de servicio y el homólogo de otro departamento. Finalmente, Sanidad ha sumado un vocal a propuesta de las organizaciones sindicales que formen parte de la comisión de las listas de empleo temporal del personal y que podrá aumentar el control respecto a las contrataciones. No obstante, solo aquellos sindicatos que han votado a favor de la normativa podrán estar presentes en éste

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, mostraba su satisfacción por "el amplio respaldo recibido a una medida que prioriza, sobre otros aspectos, la cualificación de los profesionales, siempre pensando en el objetivo fundamental de mejorar la salud de los ciudadanos". "Nuestro objetivo es contar con los mejores profesionales para ofrecer una atención sanitaria de calidad y crear un sistema que avance hacia la excelencia y, para ello, es necesario contar con los profesionales mejor preparados en cada área asistencial", señalaba. Una normativa con la que Sanidad buscaba modificar la normativa reguladora de las listas de empleo temporal, para posibilitar la contratación de las necesidades de profesionales de forma "más ágil y adaptada" a las peculiaridades de las instituciones sanitarias.

Unos puesto que, según explican desde el departamento, esos  puestos están pensados para abarcar los avances tecnológicos, podrán llevarse a cabo también procesos selectivos específicos que prioricen a aquellos profesionales más cualificados. Especialmente, para perfiles profesionales relacionados con áreas como la genética, robotización, 3D, biotecnología, big data, entre otras.

Selección específica en enfermería 

En concreto, el proyecto de decreto regula la selección del personal estatutario temporal de instituciones sanitarias de los grupos A1 y A2. Además, como novedad, incluye en la categoría de Enfermería un procedimiento de selección específico en determinadas áreas asistenciales que requieren de una experiencia concreta y una formación previa como son el área de quirófano, pacientes críticos, hemodiálisis, hemodinámica e intervencionismo.

De esta manera, habrá un proceso de selección al que podrá optar el personal de enfermería que esté especializado en alguna de estas áreas. En todo caso, hasta la puesta en marcha de este procedimiento el acceso a la bolsa de empleo será el que rige hasta la fecha. Además, en caso de necesidad se podrá ampliar el número de áreas asistenciales específicas. Sanidad pondrá en marcha cursos formativos para ofrecer una formación especializada al personal de enfermería a través de la EVES.

Contratación breve 

Finalmente, otro de los aspectos que regula el nuevo decreto son aquellas situaciones de ausencia de personal de una manera sobrevenida, de manera que el departamento de salud pueda cubrir con inmediatez ese puesto para un período de tres a un máximo de tres días con el fin de garantizar la asistencia sanitaria - inicialmente se planteo entre tres y cinco-.

En este sentido, si transcurrido dicho periodo, la causa de la ausencia concluye en una incapacidad temporal, se considerará causa de cese, gestionándose la sustitución a través de las listas de empleo temporal. En la anterior versión del borrador, incluían que en ningún caso un mismo empleado podrá ser objeto de este tipo de nombramientos en número que sume más de 30 días naturales de contratación en un periodo de un año. Ahora, ésta ha desaparecido.

"Sistema arbitrario"

CCOO solicitaba la retirada del documento o adviertía de que impuganará este norma ya que "facilita que se pueda contratar a personal fuera de bolsa y con un proceso de selección subjetivo y arbitrario" con lo que "se abre la puerta a poder contratar a dedo". Así, señalaba que al dar libertad a las gerencias para contratar mediante una comisión de valoración "se menosprecia la carrera de cada persona y se salta impunemente los principios de acceso al empleo público de igualdad, mérito, capacidad y publicidad".

Asimismo, criticaba que deroga los artículos de la orden de baremos y bolsa que prevén la cobertura de los puestos de características específicas con criterios "objetivos y transparentes" y ve asimismo "negativo" que la nueva norma no identifica las plazas declaradas específicas o con necesidades extra como formación o experiencia, lo que contribuye a "legalizar el nepotismo" en la selección de las personas candidatas. "Esta norma conlleva la contratación a dedo, no va a servir para contratar a los mejores aspirantes, sino a los más afines y, por tanto, no mejorará la gestión de los contratos ni la atención a la población", advertía.

Mientras, UGT se mostraba preocupada porque se cumplan con los principios de igualdad, mérito y capacidad para acceder al empleo público. "Gracias a UGT el nuevo documento contiene la creación de órganos selectivos junto a un representante sindical, para garantizar la transparencia en la selección de los aspirantes", señalaban.

Por su parte, CSIF, que apoyó el decreto, exigía la "máxima transparencia y seguridad jurídica" y destacaba sus aportaciones, como la presencia sindical en la comisión de valoración, la extensión a otras categorías o un seguimiento de las contrataciones.