para proteger a 28.369 empleados
Más de 2.600 empresas han solicitado un ERTE por fuerza mayor por la Dana
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CASTELLÓ. La Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Trabajo, reprende a la Generalitat Valenciana por informar tarde y de manera incorrecta a sus funcionarios durante la segunda "Dana" del 13 de noviembre, que al final no tuvo consecuencias graves pero que ocurrió solo dos semanas después de la tragedia del 29 de octubre. Reprocha que ante los avisos rojos que decretó dicho día la Aemet en Valencia el Consell emitió una circular a sus empleados "sin que diese la publicidad necesaria y sin la antelación exigible", colocándolos "en una situación de riesgo grave e inminente", asegura.
La Inspección ha remitido un oficio a la dirección general de la Función Pública de la Generalitat en el que expone la mala praxis de la Administración autonómica durante los hechos del 13 de noviembre, e insta a activar un nuevo protocolo que refuerce la protección de sus plantillas ante posibles emergencias. En el escrito lanza un duro correctivo al Gobierno valenciano por no asegurar como tocaba el cuidado de su personal.
La institución estatal expone que la Aemet dictó a las 18.16 horas del 13 de noviembre un nivel rojo en el litoral norte y sur de la provincia de Valencia que empezaba a las 21 horas de ese día y finalizaba el jueves 14 al mediodía, con una previsión de acumulados que podían llegar a los 180 litros en 12 horas.
Así, sobre las medidas impulsadas por el Consell para evitar el riesgo de sus funcionarios, Trabajo explica que la Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública dictó una orden el mismo día 13, que se prolongaba desde las 22.00 horas del 13 a las 23.59 del 14, que limitaba la circulación de vehículos privados, suspendía actividades escolares y deportivas y cerraba centros días de zonas con mayor afección.
La nota de la Inspección, que ha sido enviada también a la Junta de Personal de Función Pública, añade que la conselleria colgó una circular para sus funcionarios en su web corporativa, firmada por su titular a las 22.23 horas del 13 de noviembre, pero "desconociéndose -continúa el texto- el momento en que se puso en conocimiento de las personas destinatarias". En esta línea, remarca que la "inacción de la unidad administrativa inspeccionada, que no reacciona hasta las 22.23 del 13 de noviembre, provocó que las personas receptoras no fueran conocedoras de esta medida, al menos en su gran mayoría, y que, en todo caso, se trasladara a las mismas la responsabilidad de ser conocedoras mediante la visita a la página web, cuando es la propia Administración Pública la que, en su condición de empleadora, la que tiene que responsabilizarse de ello adoptando un comportamiento proactivo o reactivo como ocurrió".
El organismo del Ministerio de Trabajo insiste en la tardanza a la hora de intervenir de la conselleria por enviar la circular, resalta, cuatro horas después de declararse la alerta roja (que se había activado a las 18.16 horas) y tras recibir toda la población de las zonas afectadas entre una y dos alertas del centro de Coordinación de Emergencias (Cecopi ), a través del sistema Es-Alert.
"Las condiciones meteorológicas de aquella jornada, unidas a las restricciones de movimiento decretadas por Protección Civil, y los recientes acontecimientos y trágicos del 29 de octubre, determinaban que la situación fuera calificada de riesgo grave", tal como indica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, asevera la Inspección, que advierte que hubo "ausencia de medidas preventivas con carácter suficientemente anticipatorio y de público conocimiento de dicho riesgo".
Siguiendo con su argumentación, recuerda que, según la normativa de prevención de riesgos laborales, en el caso de que los trabajadores puedan estar en riesgo grave durante su jornada "el empresario -en este caso la Administración Autonómica- estará obligado a adoptar las medidas para que puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato su lugar de trabajo".
Por todo lo expuesto, la Inspección de Trabajo propone a la Generalitat que "para subsanar las irregularidades indicadas" impulse un nuevo protocolo de prevención "claro y expreso" que garantice los avisos en la plantilla de la Administración en situaciones de peligro.
En este sentido, la Intersindical Valenciana exige a la Dirección General de Función Pública que se ponga manos a la obra para establecer el citado protocolo para evitar los fallos detectados por la Inspección.