Traiciones a España

Hace apenas una semana, durante la moción de censura, pudimos ver una nueva reconfiguración del eterno tópico que divide la política nacional: las dos Españas. Así terminó reconociéndolo el propio Ramón Tamames, que acusó a diversos grupos parlamentarios de crear una situación de amigo o enemigo para terminar de nuevo en las dos Españas del 36. Una roja y otra azul; una católica y otra anticlerical; una progresista y otra conservadora. Sin embargo, Tamames no subrayó que, hoy en día, una parte de esa España –la misma que acusa al resto de destruir la convivencia– insiste en que la otra es ilegítima, y eso es un peligro institucional que no puede obviarse. 

Uno de los principales pilares democráticos es el debate y la discusión pública. La democracia necesita polos opuestos que choquen y que entren en desacuerdo, que sepan negociar y ceder en beneficio de lo colectivo. Pero más importante todavía es el respeto al adversario. Para que nuestro sistema funcione, es esencial que todos los representantes políticos admitan al rival como legítimo oponente y que cada cual acepte las eventuales derrotas y asuma que la política se basa en el respeto a la diversidad. Es necesario para ello la aceptación explícita, pública y constante de unas normas comunes que aseguren que la institución democrática, en su pluralidad, está por encima de cualquier sigla o idea. 

Lejos de estar garantizada, actualmente esta premisa se encuentra –una vez más– gravemente amenazada. De entre las muchas estocadas que recibe, quizás una de las más preocupantes sea la obstinación con que amplios sectores del arco parlamentario tildan al gobierno de traidor. Según el artículo 581 del Código Penal, la traición se aplica a aquel que “indujere a una potencia extranjera a declarar la guerra a España o se concertare con ella para el mismo fin”. Es decir, es un delito aplicable en casos muy específicos directamente relacionados con la guerra. Sin embargo, más allá de la definición jurídica, la gravedad de acusar públicamente de traición a un sujeto radica en lo que la palabra simboliza. Prueba del sumo agravio que representa la traición en nuestra sociedad es que Dante Alighieri reservara el noveno y último círculo de su infierno a los que la cometieran. Porque, en último término, acusar a alguien de traición implica acusarle de actuar contra el nosotros, de favorecer lo otro en detrimento de lo nuestro. En el caso de un gobierno, implica acusarle de ir contra la nación y la patria y contra los que de buena fe obran por el bien común.

Vox es un partido que surge principalmente de los descontentos a la derecha del PP. Sin embargo, su ascenso de partido marginal a tercera fuerza política se debe a su posicionamiento en relación a los cambios políticos de 2015 y 2017. Es decir, la razón de ser de Vox se basa en dos antis: antifeminismo y anticatalanismo, cada uno asociado a su respectiva red de temas afines. En cierto modo, se puede entender el auge del partido de Abascal como la evolución radical y ultraconservadora de Ciudadanos, fundado en 2006 a raíz de la plataforma Ciutadans de Catalunya. Ciudadanos basó el grueso de sus campañas electorales de 2019 en una demonización constante no solo del independentismo catalán, sino de todo partido que representara una visión territorial o lingüística alternativa a la de Madrid. Pero el anticatalanismo no es el único relevo que Vox tomó del partido de Albert Rivera e Inés Arrimadas. De hecho, la apelación constante a la supuesta ilegitimidad del PSOE como partido de gobierno fue una de las estrategias comunicativas que más explotó Ciudadanos en 2019, cuando el partido naranja se encontraba fuerte, con posibilidades de adelantar al PP y de llegar a la presidencia del gobierno. Durante ese año, en que se celebraron elecciones locales, autonómicas, europeas y dos veces generales, Ciudadanos atacó sistemáticamente al Partido Socialista por pactar con los que llamó “populistas” y “nacionalistas/separatistas”, los primeros representados por Unidas Podemos y los segundos por cualquier partido de mayor o menor tendencia nacionalista. Todo esto lo resumió Ciudadanos en el concepto “Pactos de la infamia”, con el que señaló cien alcaldías en las que el PSOE había pactado con UP o con partidos regionales tan variados como Compromís, Junts per Catalunya, el BNG o el PNV. 

Este último tweet resume la lógica subyacente al concepto de Pactos de la infamia. Para Ciudadanos, el PSOE “siempre elige al nacionalismo y al populismo antes que al constitucionalismo”. Esto implica tachar de anticonstitucionales –y, por tanto, legítimamente perseguibles– a los aproximadamente siete millones de votantes, de un total de veintiséis, que en abril de 2019 votaron por partidos autonómicos o a la izquierda del PSOE. 

Vox ha profundizado la manera de proceder de Ciudadanos en dos direcciones. De la acusación de anticonstitucionalismo ha pasado a la de antiespañolismo y de la acusación de infamia a la acusación de traición. En esta lógica, la nación –definida a su imagen y semejanza– queda por encima de la Constitución. Como consecuencia, todo grupo contrario a Vox, único garante y defensor de esa nación española, puede ser susceptible de ser tachado de “antiespaña”, especialmente sectores relacionados con el feminismo, el mundo LGTBI+, el cambio climático o las políticas migratorias, pero también círculos académicos y mediáticos. Por otra parte, han tejido asimilaciones de significado en las que, si alguien pertenece a un punto de la red, pertenece a la red entera. En este sentido, un convergent de Vic, una sevillana feminista, un profesor de euskera y un político madrileño de izquierdas tienen un rasgo en común: no entran en la idea de España de Vox y, por ende, son “antiespaña” y forman parte de la traición a España que perpetúan Sánchez, el PSOE y el gobierno de coalición. O, dicho en sus propias palabras, forman parte de “una legislatura infame que empezó con un gobierno incapaz y cobarde, y termina con un gobierno ilegítimo y traidor”. 

  Con esta manera de concebir la democracia, los adversarios políticos se convierten en enemigos y los que defienden posiciones distintas en traidores. Este ha sido uno de los discursos que se han normalizado durante la última legislatura. Se ha vuelto cotidiano escuchar acusaciones extremadamente graves contra representantes políticos elegidos democráticamente, acusaciones que tachan de traidores a políticos legítimos, a ideas, a lenguas, y que en última instancia desprecian todo aquello que no entra en esa visión restringida, centralista, ultraconservadora, monolingüe y católica de España.

Esto se pudo constatar durante la moción de censura. Poco importa el resultado de la votación en un acto tan calculado, cuyo principal discurso se filtró seis días antes de ser pronunciado y de la que el propio Tamames terminó diciendo que se asemejaba más a un mitin que a una sesión parlamentaria. Una de las lecciones que nos deja la moción, y el Partido Popular desempeñará un papel crucial en ello, es que hay posiciones que son incompatibles con un sistema democrático. En democracia, no se puede tolerar la intolerancia.   

Raül Nuevo Gascó. Doctorando en Comunicación Política en la UCLouvain (Bélgica)