Foto: EPLa alcaldesa de València, María José Catalá, ha anunciado que instalará 241 cámaras de vigilancia en la ciudad, de las que 154 se colocarán en el centro, "como respuesta a una petición altamente demanda por los comerciantes del centro histórico", y las 87 restantes se ubicarán a lo largo del Paseo Marítimo. Con ellas, València sumará casi 400 cámaras instaladas en las calles y plazas. Según justificó Catalá, las cámaras contribuyen a mejorar la respuesta policial ante una posible comisión de delitos: "Queremos una ciudad segura y vamos a poner todos los medios a nuestro alcance".
El anuncio de la alcaldesa me viene que ni pintado para explicar la insistencia de este periódico en la necesidad de transparencia en las administraciones públicas. Las cámaras de seguridad evitan algunos delitos allí donde los delincuentes saben que pueden ser vistos y facilitan el trabajo policial en caso cometerse, como se está demostrando en el juicio por el asesinato de Samuel Luiz.
Pues bien, las cámaras de seguridad son a la delincuencia callejera lo que la transparencia es a la corrupción política. Cuanta más transparencia hay en una administración, más difícil es para los políticos y funcionarios mangonear con el dinero público o en la selección de personal.
Por ejemplo, si en 1997 hubiese existido la Plataforma de Contratación del Sector Público, donde se pueden seguir paso a paso todas las licitaciones públicas, Zaplana y compañía habrían tenido mucho más complicado amañar el concurso de las ITV.
El dinero corrompe, y sinvegüenzas hay en todas las administraciones y en todos los partidos políticos en todo el mundo. De lo que se trata es de ponérselo difícil. De ahí que las administraciones europeas, españolas y valencianas hayan ido dotándose de leyes, organismos de control y herramientas de transparencia para corregir las malas prácticas –no todo es corrupción– e impedir el latrocinio. Y allí donde se produce, detectarlo más fácilmente.
Entre las herramientas, y centrándonos en la Generalitat valenciana, que está bastante avanzada en transparencia, tenemos ejemplos como la publicación de las licitaciones en la citada Plataforma (estatal) de Contratación del Sector Público, el registro de contratos de la Generalitat, el registro de regalos a los cargos públicos, el registro de bienes al principio y al final de su mandato, el registro público de personal eventual, el registro de grupos de interés (lobbies) o el registro de reuniones de altos cargos con los lobbies.
Inciso: debería crearse una plataforma de contratación del personal del sector público. No puede ser que la vigilancia y control de las selecciones de personal la ejerzan casi exclusivamente los sindicatos, ya que en algunas administraciones es como poner a los zorros a vigilar a las gallinas.
Para que la transparencia sea eficaz, todos esos registros deben de estar al día y con toda la información exigible, porque si nos relajamos y dejamos que este o aquel departamento deje de actualizarlos, entre los documentos que falten seguro que van a estar los inconfesables. Lo mismo cabe decir de los organismos de control: no tiene sentido no publicar sus resoluciones porque son las que ponen en evidencia a los cargos públicos que no están actuando correctamente.
Así que Carlos Mazón y su secretario autonómico de Transparencia, Santiago Lumbreras, no deberían dejar que en la Generalitat se baje el listón de la transparencia, que el Consell anterior dejó bastante alto. Seguro que los descuidos que destacábamos en el reportaje del viernes son eso, descuidos, pero la administración es muy grande y los granujas siempre encuentran donde anidar. Si las cámaras de seguridad no funcionan, te puede salir un Ábalos o un Rafa Blasco y la mancha ya no te la quitas.
Los diputados de Les Corts Valencianes se han arreglado el 'paro', por unanimidad de todos los partidos, de una manera insultantemente más beneficiosa que la prestación por desempleo del resto de los mortales. Una paga con cargo a los presupuestos, ya que sus señorías tienen, además, la ventaja de que no destinan parte de su sueldo a cotizar por desempleo. Es injusto que no tengan derecho a prestación si se quedan en paro al acabar la legislatura –supuesto equivalente a la finalización de un contrato temporal de cuatro años–, pero más injusto es que para arreglar la injusticia se otorguen ellos mismos unos privilegios que sus votantes no tienen, como son una paga de 2.400 euros al mes, casi el doble que la máxima prestación para un desempleado sin hijos en España, o que la pueda cobrar quien abandona voluntariamente el escaño.
Todos los parlamentos tienen un sistema de indemnización, alegan. Y uno se pregunta por qué los cargos electos no cotizan a la Seguridad Social y cobran luego el paro en las mismas condiciones que el resto de la ciudadanía, es decir, siempre que hayan cotizado un mínimo de 360 días, hayan perdido el trabajo involuntariamente y estén buscando un nuevo empleo. Con un máximo de 1.225 euros al mes, que es lo que paga la Seguridad Social.
La excusa que dan es que ser diputado no se considera un trabajo ordinario sujeto a las mismas normativas laborales que un empleo común. Pamplinas. Para trabajos no ordinarios la Seguridad Social tiene regímenes especiales (agrario, autónomos, empleados/as del hogar, trabajadores/as del mar, minería) y podría haber uno para cargos electos. De hecho, lo hay para los cargos electos de los ayuntamientos, que sí cobran paro, pero no para los parlamentarios autonómicos y nacionales.
La explicación es más sencilla: quienes tendrían que regular su inclusión en el régimen de la Seguridad Social son los diputados del Congreso y los senadores, y no lo harán porque perderían unas prestaciones mucho mejores que las de los ciudadanos a los que ya no les llega ni para alquilar una vivienda. Y eso no es corrupción, pero es de tener muy poca vergüenza.
