CASTELLÓ (EFE). Dos trabajadores del Centro Penitenciario Castellón II, situado en Albocàsser, han necesitado atención médica a causa de las lesiones que les causó un interno de este centro, que sufrió este martes por la noche un brote psicótico y agredió a tres funcionarios cuando le estaban trasladando a la enfermería.
Los sindicatos han reclamado que los funcionarios sean considerados como agentes de la autoridad y que este tipo de agresiones "tenga una sanción penal y no meramente administrativa".
Según han explicado fuentes de Instituciones Penitenciarias a EFE, el interno registró un brote psicótico y comenzó a tener alucinaciones y delirios, por lo que se activó el protocolo de seguridad y fue trasladado a la enfermería.
En el trayecto del módulo a las instalaciones sanitarias "de manera inopinada se abalanzó sobre los funcionarios que le trasladaban y empezó a agredirles. Dos de ellos sufrieron lesiones mientras que el interno fue finalmente trasladado al hospital psiquiátrico, donde permanece ingresado".
El interno del módulo 14, destinado a las personas que padecen problemas psiquiátricos, agredió a una jefa y a un jefe de servicio, así como a un funcionario de prisiones cuando le trasladaban a la enfermería del centro. A consecuencia de la agresión, dos de los funcionarios tuvieron que ser trasladados al Hospital General de Castellón para ser atendidos de las heridas que presentaban.
Desde el sindicato CSIF han lamentado que esta nueva agresión -la segunda registrada en los últimos siete días- "pone de manifiesto, una vez más, la desidia que sufre el funcionariado de prisiones". Según este sindicato, "pese a que más del 50% de los 860 internos de Albocàsser presenta algún tipo de patología mental, desde hace tres años este centro penitenciario carece de profesionales especializados en psiquiatría para poder atenderlos correctamente y darles el tratamiento que necesitan".
Así, desde la central sindical han reclamado que, "además de reconocer a los funcionarios como agentes de la autoridad, para evitar que este tipo de agresiones queden impunes o se salden con una mera sanción administrativa, cuando surjan este tipo de incidentes se traslade de manera inmediata al interno a otro centro penitenciario y que, además, las comunidades autónomas se hagan cargo de la sanidad penitenciaria para garantizar que los internos reciben en todo momento una atención sanitaria adecuada a sus necesidades reales".
Desde ACAIP-UGT, por su parte, han exigido que se cubran todas las vacantes de los centros penitenciarios y se dote del personal necesario para atender a los internos. Además, han señalado, "es preciso una formación adecuada a los trabajadores tanto en defensa personal como en la resolución de conflictos y en la atención a internos con problemas psiquiátricos", ya que "la enfermedad mental es uno de los principales problemas de las prisiones españolas, donde el 30 % de los internos sufre algún tipo de patología psiquiátrica".
Para ACAIP-UGT es necesario que se lleven a cabo las reformas legislativas necesarias para modernizar la institución penitenciaria, dotar a los trabajadores penitenciarios de los medios jurídicos, humanos y materiales necesarios para prevenir este tipo de actuaciones.
"Es imprescindible el reconocimiento de agente de autoridad para los empleados públicos penitenciarios y que este tipo de agresiones tengan una sanción penal y no meramente administrativa, además de reanudar la negociación con la administración para actualizar el protocolo de agresiones en prisiones y la atención y seguimiento de los trabajadores agredidos", han finalizado.