La acaldesa, Amparo Marco, con el edil de Hacienda, David Donate, en una imagen de archivo. Foto: Antonio PradasCASTELLÓ. El Tribunal Administrativo Central (TAC) ha resuelto "suspender el procedimiento de contratación" del plan estrella del Acord de Fadrell para diseñar el desarrollo sostenible de Castelló en los próximos 10 años. La medida provisional responde a la alegación interpuesta por uno de los concurrentes. En concreto, una persona física que, en virtud de lo que establecen los artículos 49 y 56 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, ha solicitado la paralización.
La reclamación de E. M. I. M. se basa en cuestiones relacionadas con las distintas modalidades de prohibición para participar en concursos institucionales, así como en la valoración de las empresas a partir, por ejemplo, de su solvencia económica.
La decisión del TAC, contra la que cabe recurso, supone un contratiempo para el tripartito (PSPV, Compromís y Podem-EUPV) al detener la asistencia técnica para la elaboración, implementación, seguimiento y evaluación de la denominada Agenda Urbana Castelló 2030. El documento está pensado para orientar el crecimiento de la ciudad y acomodar los proyectos que puedan actuar como motores de transformación en el horizonte temporal de una década.
El contrato, por un valor estimado de 152.000 euros, tiene una duración de 36 meses. A la licitación, tras la finalización del plazo de ofertas (28 de enero) , se han presentado siete mercantiles y una Unión Temporal de Empresas (UTE).
Según el pliego de prescripciones administrativas y técnicas, la finalidad de la actuación estratégica pretende dar respuesta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los que trabaja el Ayuntamiento de Castelló incluidos en la Agenda Urbana de España, Europea y de las Naciones Unidas.
En este sentido, el plan de acción incide en lo imperativo de fortalecer "una visión compartida de futuro". Así, advierte que, al plantearse un diagnóstico inicial como punto de partida, se trata de un instrumento esencial para definir las líneas básicas del modelo de urbe. No en vano, recaba la opinión de los principales agentes económicos, sociales y políticos, con el Consejo Social de Ciudad como órgano vertebrador de la participación.
Del mismo modo, al considerar principios horizontales y transversales marca las prioridades respecto a igualdad, el desarrollo sostenible, la accesibilidad, el cambio demográfico, la mitigación y adaptación al cambio climático, la economía circular, la innovación, la transparencia y rendición de cuentas y la participación.
La adjudicación del servicio debía completarse en las próximas semanas. Sin embargo, ahora la Agenda Urbana Castelló 2030 queda en suspenso como consecuencia de la interrupción del proceso administrativo.
De acuerdo con el expediente de contratación, en el presupuesto de 2020 se recoge una cantidad de 54.450 euros para iniciar la redacción del documento. Entre 2021 y 2023 se distribuye el resto de esos 152.000 euros. En función de lo que dictamine el Tribunal Administrativo o un estamento superior, caso del Contencioso-administrativo, como sentencia firme, esas previsiones se mantendrán o sufrirán ligeros cambios. Dependerá de los planes del equipo de gobierno acerca de la presentación de un recurso.
