A la espera del nuevo modelo de financiación autonómica para las autonomías de régimen común, es triste reconocer que a estas alturas sigamos pendientes de conocer el qué y el cómo. Pero lo más importante, seguimos sin conocer el cuándo se va a llevar a cabo, tras siete años caduco y sin mecanismos que puedan corregir la infrafinanciación de varias comunidades. Cuatro son las comunidades infrafinanciadas que no llegan al menos a la financiación media nacional, según el último estudio de Fedea: Murcia, Andalucía, Comunitat Valenciana y Castilla La Mancha.
Son únicamente 2.600 millones de euros los que se necesitan para que al menos mejoren las cifras y porcentajes actuales, aunque seguiría sin ser la solución a un modelo perverso y poco transparente, donde al final prima el statu quo establecido frente a cualquier criterio.
Tampoco es que la ministra Montero con sus declaraciones a la hora de contentar a las distintas comunidades autónomas que se han posicionado ya, esté ayudando mucho a la causa. A todas les ha dado un caramelito con la promesa de tener en cuenta sus reivindicaciones. Un caramelito tranquilizador o envenenado que descubriremos cuando se presente el esqueleto del modelo que propició el apoyo condicional de Compromís al Gobierno y a los presupuestos del hombre de las mil caras y mentiras. Apoyo que se ha transformado en incondicional, pese a todos sus incumplimientos. Como también lo es su rechazo incondicional a la ampliación del Puerto de Valencia. Y no pasa nada.
Hay pocas cosas que pueda hacer ya la sociedad valenciana al respecto de la infrafinanciación -con dos manifestaciones en siete años incluidas- sino esperar a que suene la flauta. Y no por casualidad, más bien esperan a que los dos grandes partidos PP y PSOE decidan. Decidan cuando sea el momento, su momento estratégico y puedan colocarse sus medallas. Es triste, pero es la cruda realidad.
Mientras, el PSPV aclama a los cuatro vientos que el sistema tributario de la Comunitat Valenciana es el más justo de todo el país. No sé realmente si justo significa que tengamos los tramos más altos en IRPF en la declaración de la renta, con tramos que llegan al 29,5% (el año pasado el Botànic incrementó en 4 puntos el mismo). Esto, sumando el tramo estatal equivalente del 24,5%, se transforma en un hachazo del 54% a las rentas altas. Mientras, por la parte baja, no se quiere estudiar la rebaja que propone Ciudadanos de medio punto para aquellos que tienen una renta hasta 50.000 euros, para que sean los más bajos y puedan al menos hacer frente y compensar parte de la subida del recibo de la luz, o ese ticket del pan, o la leche o el agua del supermercado, o que un depósito de gasolina le salga gratis al autónomo. Ese autónomo que encima no puede conseguir ayudas por las condiciones tan duras establecidas para acceder a las mismas por parte del gobierno progresista de Sánchez, y que al final van a ser devueltas en más de 400 millones de euros.
Esta bajada de impuestos en los tramos más bajos de la renta de los valencianos se quedó en el tintero en los presupuestos del año pasado. No se puede consentir que el 97% de los valencianos, todos aquellos con rentas por debajo de 50.000 euros, no puedan beneficiarse de esa bajada de 128 millones de euros que hemos propuesto, con la excusa de que los “ricos” saldrían beneficiados con un 3%. Una bajada de 128 millones que se traduciría en ahorro para el bolsillo del ciudadano.
El tramo autonómico más bajo que pagamos en estos momentos en la Comunitat Valenciana está en el 10% y pedimos que se rebaje al 9,5% igualando al tramo nacional. En ese momento podríamos hablar de justicia. Ahora la decisión está en apoyar o no la propuesta de Ciudadanos por parte del PSPV, de Compromís o Unidas Podemos. La infrafinanciación de nuestra Comunitat por culpa de un sistema perverso no puede ser la excusa de este Consell para ignorar la infrafinanciación del bolsillo del valenciano, y a la que puede solucionar con esta bajada asumible de impuestos que proponemos.